Senadores de EEUU alcanzan acuerdo de financiación para evitar cierre gubernamental

WASHINGTON — Senadores destacados de Estados Unidos anunciaron el domingo un plan de gastos provisional que garantizaría el financiamiento de las agencias federales más allá de las elecciones de mitad de mandato y hasta principios de diciembre, en un esfuerzo por prevenir un cierre gubernamental en un momento crítico para la campaña.

Es probable que la cámara alta vote sobre la propuesta antes de que los legisladores se ausenten de Washington al final de esta semana para su habitual receso de agosto, un periodo que muchos políticos prefieren dedicar a mejorar sus posibilidades de reelección en lugar de trabajar en la capital.

El proyecto de ley, en general, asegura la financiación del gobierno federal a los niveles actuales hasta el 11 de diciembre. La Cámara de Representantes ya había aprobado un texto similar, aunque sin incluir varias excepciones solicitadas por la Casa Blanca. En los últimos días, los senadores han estado en conversaciones para decidir qué excepciones incorporar.

Una de las excepciones que no fue aprobada, según los demócratas, fue la solicitud del gobierno de destinar 1.000 millones de dólares para la construcción de acorazados de la "clase Trump".

Este movimiento estival para ajustar la financiación es poco común. Normalmente, el Congreso espera hasta los últimos días o incluso horas de un plazo de financiación para autorizar extensiones a corto plazo, pero en esta ocasión los senadores están actuando con dos meses de antelación a la finalización del año fiscal, que concluye el 30 de septiembre.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, destacó que aprobar la medida es su máxima prioridad antes del receso de agosto, subrayando que el pueblo estadounidense ya ha enfrentado dos cierres gubernamentales récord en los últimos diez meses. "Debemos asegurarnos de que no enfrenten un tercero", afirmó Thune.

Ambos partidos buscan evitar un nuevo cierre gubernamental, dado que el Congreso ha tenido dificultades para negociar y aprobar las doce leyes de asignaciones presupuestarias anuales antes de que venza el plazo. Al extender ahora la financiación del gobierno, los legisladores pueden utilizar los próximos meses para resolver sus diferencias sobre la financiación para todo el año.

No será una tarea sencilla, ya que los republicanos buscan un aumento significativo del gasto en defensa mientras proponen recortes en otros gastos. El expresidente Trump ha sugerido un recorte del 10% en los programas no relacionados con la defensa, al tiempo que solicita un incremento del 44% en el gasto de defensa.

Ambos partidos desean evitar que un posible cierre gubernamental ocurra justo antes de las elecciones, ya que las encuestas han indicado que ninguno logró evadir la responsabilidad por el cierre récord de 43 días del otoño pasado. Los demócratas intentaron extender un crédito fiscal para el seguro de salud que estaba por expirar, pero se negaron a respaldar un proyecto de gasto a corto plazo que no incluya esta prioridad. Por su parte, los republicanos sostuvieron que esta es una cuestión de política pública que debe abordarse en otro momento.

Una segunda disputa presupuestaria relacionada con la financiación del Departamento de Seguridad Nacional tardó 76 días en resolverse, luego de que los demócratas se negaron a financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza a menos que se implementaran cambios en sus operaciones.

La senadora Susan Collins, presidenta republicana de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado, junto a algunos senadores demócratas, busca retrasar una norma propuesta por el gobierno de Trump que requeriría que un político asignado en cada agencia revise las propuestas de subvención con criterios que incluyan garantizar que las adjudicaciones discrecionales promuevan las prioridades políticas del presidente. Collins ha abogado por cambios significativos en la norma, argumentando que podría politizar las subvenciones y perjudicar a comunidades pequeñas y rurales.

Los demócratas temen que Trump convierta las subvenciones en una herramienta para castigar a adversarios políticos y recompensar a aliados, debilitando el poder constitucional del Congreso sobre el gasto público. La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca defiende que su iniciativa busca mejorar la rendición de cuentas y evitar el desperdicio de fondos públicos.

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