Maduro enfrenta juicio en EE.UU. mientras Venezuela avanza sin su liderazgo

NUEVA YORK (AP) — El expresidente venezolano Nicolás Maduro regresa este jueves a un tribunal en Nueva York para solicitar la desestimación de los cargos en su contra por narcotráfico, en medio de una disputa legal sobre el financiamiento de su defensa. Su abogado argumenta que Estados Unidos está vulnerando los derechos de su cliente al impedir el uso de fondos del gobierno venezolano para cubrir sus gastos legales.

Esta audiencia marcará la primera aparición de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el tribunal desde que se les leyeron los cargos en enero. En esa ocasión, Maduro protestó por su arresto por parte de fuerzas estadounidenses, afirmando: "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país". Flores también se declaró inocente.

Ambos continúan en un centro de detención en Brooklyn y no han solicitado ser liberados bajo fianza. El juez Alvin Hellerstein aún no ha establecido una fecha para el juicio, aunque se espera que esto pueda suceder durante la audiencia.

Previo a la audiencia, pequeños grupos de manifestantes se congregaron frente al juzgado, expresando su apoyo o rechazo hacia Maduro. Los que apoyaban al expresidente portaban banderas venezolanas y carteles que decían "Liberen al presidente Maduro", mientras que los líderes del grupo utilizaban un megáfono para dirigir las consignas. La fila para ingresar al juzgado comenzó el miércoles por la tarde, y algunos medios pagaron a personas para que reservaran lugares para los periodistas que asistirían el jueves.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, aún cuentan con cierto respaldo en Venezuela, evidenciado por murales y vallas publicitarias en Caracas que piden su regreso. Sin embargo, a pesar de que el partido gobernante de Maduro permanece en el poder, su figura ha sido gradualmente reemplazada por Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela.

Rodríguez ha reestructurado el gabinete, reemplazando a altos funcionarios leales a Maduro, incluyendo a su ministro de Defensa y al fiscal general. Además, ha nombrado nuevos embajadores y ha modificado organismos gubernamentales, distanciándose de los principios del autoproclamado movimiento socialista que ha dominado el país durante más de dos décadas.

Asimismo, Venezuela ha restablecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que había roto vínculos con el gobierno de Maduro en 2019. Washington ha comenzado a flexibilizar las sanciones económicas sobre la vital industria petrolera venezolana y ha enviado un encargado de negocios a Caracas.

A pesar de estos cambios, no está claro si esto será suficiente para que Maduro y Flores eviten afrontar sus obligaciones legales. En un documento judicial presentado el mes pasado, el abogado de Maduro, Barry Pollack, alegó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. cambió su posición respecto a permitir que Venezuela pagara sus honorarios legales. Pollack mencionó que la oficina aprobó el acuerdo el 9 de enero, pero lo revocó sin explicación en menos de tres horas.

En su declaración ante el tribunal, Maduro sostiene que tiene derecho a que el gobierno venezolano financie su defensa legal. Los fiscales respondieron que el gobierno de EE.UU. autorizó a Maduro y Flores a utilizar fondos personales para sus honorarios legales, pero no les permitiría usar dinero de un gobierno sancionado.

Maduro argumentó que no puede costear su defensa. Para calificar para un abogado financiado por el gobierno estadounidense, tendría que demostrar que no tiene recursos suficientes para pagarlo.

Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero durante una redada en su hogar en Caracas. La acusación formal de 25 páginas los señala a ambos por colaborar con cárteles de la droga y miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a EE.UU. También se les acusa de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos de quienes debían dinero del narcotráfico o amenazaban sus operaciones. Si son hallados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua.

A pesar de la situación de Maduro, la vida cotidiana de la mayoría de los venezolanos continúa sin cambios significativos. Muchos empleados del sector público ganan apenas 160 dólares al mes, mientras que el trabajador promedio del sector privado percibe alrededor de 237 dólares. La tasa de inflación anual alcanzó el 475% el año pasado, según el Banco Central de Venezuela, lo que ha dificultado el acceso a alimentos y bienes esenciales para la población.

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