La Corte Penal Internacional inicia audiencias contra Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad

LA HAYA — La Corte Penal Internacional (CPI) dio inicio el lunes a las audiencias preliminares en el caso del expresidente filipino Rodrigo Duterte, quien enfrenta tres cargos de crímenes de lesa humanidad debido a las mortales campañas antidrogas que lideró durante su mandato. El exmandatario, de 80 años, optó por no asistir a la sala del tribunal en La Haya, renunciando a su derecho a comparecer, mientras los fiscales comenzaban a presentar pruebas que respaldan las acusaciones de su supuesta implicación en numerosos asesinatos relacionados con su conocida guerra contra las drogas.

Los cargos se originan en el tiempo que Duterte estuvo al frente de la alcaldía de la ciudad de Davao y posteriormente como presidente de Filipinas, abarcando decenas de homicidios en el marco de su campaña antidrogas. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas celebraron el arresto de Duterte en marzo, considerándolo un avance hacia la justicia.

"Hemos esperado esto durante tanto tiempo, durante años hemos esperado, pero no cedimos", declaró Llore Pasco a los medios en una conferencia de prensa previa a la vista. Pasco compartió que sus dos hijos salieron a trabajar en mayo de 2017 y nunca regresaron; sus cuerpos fueron encontrados posteriormente, acribillados a balazos.

La audiencia no constituye un juicio, sino que permite a los fiscales presentar su caso ante el tribunal. Después de evaluar las pruebas, los jueces tienen un plazo de 60 días para decidir si confirman los cargos. En su carta a los jueces, Duterte expresó su deseo de no participar en un proceso que consideró efímero, indicando: "Soy viejo, estoy cansado y frágil". También calificó las acusaciones en su contra como "una mentira escandalosa".

El mes pasado, los jueces determinaron que el exmandatario estaba en condiciones de ser juzgado, después de haber postergado una audiencia anterior por preocupaciones sobre su salud. Los seguidores de Duterte criticaron al actual gobierno de Ferdinand Marcos Jr., su rival político, por arrestar y entregar al exlíder a un tribunal cuya jurisdicción cuestionan. Entre los detractores se encuentra su hija, la actual vicepresidenta Sara Duterte, quien anunció su intención de postularse a la presidencia en las elecciones de 2028.

Sheerah Escudero expresó su preocupación sobre lo que podría suceder si un nuevo Duterte llegara al poder. Su hermano de 18 años fue encontrado muerto, envuelto en cinta de embalaje, en 2017. "Sabemos que la misma política de asesinatos continuará", comentó a los reporteros antes de la audiencia.

Los fiscales de la CPI anunciaron en febrero de 2018 la apertura de una investigación preliminar sobre las agresivas ofensivas antidrogas. En un intento que, según activistas de derechos humanos, buscaba evitar la rendición de cuentas, Duterte, quien era presidente en ese momento, anunció un mes después que Filipinas se retiraría del tribunal. Los jueces rechazaron una solicitud del equipo legal de Duterte para desestimar el caso, argumentando que el tribunal no carecía de jurisdicción a pesar de la retirada de Filipinas. La decisión de septiembre indicó que los países no pueden "abusar" de su derecho a retirarse del Estatuto de Roma, el documento fundacional del tribunal, para proteger a personas de la justicia en relación con crímenes que ya están en consideración.

Aún queda pendiente una apelación sobre esta decisión. Las estimaciones del número de muertos durante el mandato de Duterte varían, desde más de 6.000 según la policía nacional hasta 30.000 según grupos de derechos humanos.

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