La administración de Trump solicita a la Corte Suprema autorizar deportaciones a Sudán del Sur

WASHINGTON (AP) — El martes, la administración del presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema que permitiera llevar a cabo la deportación de inmigrantes hacia Sudán del Sur, una nación que ha sufrido devastación a causa de la guerra y donde los deportados no tienen conexiones familiares.

Esta petición fue presentada un día después de que los magistrados permitieran reanudar el proceso de deportaciones rápidas hacia terceros países, luego de suspender una decisión de un tribunal inferior que había permitido a los migrantes cuestionar sus expulsiones por riesgo de peligros en sus países de origen.

Sin embargo, el juez Brian Murphy en Boston determinó que un vuelo de deportación, que fue desviado a Yibuti en mayo, no podría continuar su trayecto hacia Sudán del Sur de inmediato. Reconoció la decisión de la Corte Suprema de suspender una orden previa, pero aclaró que su fallo respecto a ese vuelo permanecía en pie. En su decisión, concluyó que los migrantes todavía deben tener la oportunidad de presentar argumentos en la corte sobre los posibles riesgos de tortura que enfrentarían si son enviados allí.

La administración Trump argumentó en un documento judicial que la decisión del juez fue un "acto de desafío sin ley" que interrumpe relaciones diplomáticas delicadas y frena su estrategia legal para llevar a cabo deportaciones hacia terceros países.

Los abogados que representan a los migrantes señalaron que, de ser enviados, podrían enfrentar "encarcelamiento, tortura o incluso la muerte". Sudán del Sur, el país más joven del mundo, ha sido un lugar de violencia constante desde su independencia de Sudán en 2011, mientras que tensiones políticas crecientes han llevado a temores de una nueva guerra civil.

Este impulso para autorizar deportaciones se presenta en el contexto de una amplia política de represión migratoria por parte de la administración Trump, que busca deportar a millones de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos. Ante la negativa de algunos países a recibir a sus ciudadanos deportados, la administración ha celebrado acuerdos con naciones como Panamá y Costa Rica para que reciban a esos inmigrantes.

El juez Murphy, designado por el presidente demócrata Joe Biden, no prohibió las deportaciones hacia terceros países, pero dictaminó que era fundamental que los migrantes tuviesen la oportunidad efectiva de argumentar sobre el peligro que enfrentarían al ser enviados a otros lugares.

Determinó que los funcionarios de inmigración habían transgredido su orden al operar un vuelo hacia Sudán del Sur con poco aviso, trasladando a ocho hombres provenientes de varios países como Myanmar, Vietnam y México, quienes habían sido condenados por delitos graves en Estados Unidos.

La administración luego apeló ante la Corte Suprema, argumentando que la decisión del juez excedía su autoridad. La mayoría conservadora de la Corte acordó suspender la orden a través de una breve decisión sin explicaciones detalladas, una práctica común en casos de emergencia. Los tres magistrados liberales expresaron disidencia contundente.

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