Juez federal autoriza la construcción del muro fronterizo en Texas a través de diques protectores

WASHINGTON — Un juez federal ha decidido que el Departamento de Seguridad Nacional puede continuar con su proyecto de construcción de un tramo del muro fronterizo que atraviesa un sistema de diques en Presidio, Texas. Esta resolución, comunicada el domingo, se considera una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump, que busca acelerar la edificación de un muro de 46.000 millones de dólares a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

La población de Presidio, que cuenta con aproximadamente 3.200 habitantes, había expresado su preocupación de que el muro podría causar inundaciones, argumentando que el gobierno no estaba cumpliendo con la legislación pertinente al apresurarse en sus planes. El distrito de desarrollo de la localidad presentó una demanda a principios de este año para intentar frenar la construcción del muro por parte del DHS.

Sin embargo, el juez Walton, en su fallo, consideró que las alegaciones de la localidad eran poco probables de tener éxito en el tribunal. "A pesar de las preocupaciones expresadas por la parte demandante sobre los daños potenciales a la comunidad y sus residentes, el tribunal se ve obligado a rechazar la solicitud de suspensión", manifestó el juez.

El DHS ha mantenido su impulso para la construcción del muro, con altos funcionarios del gobierno asegurando que la primera fase de la obra estará lista el próximo año. En este contexto, el secretario de Seguridad Nacional ha eximido a la construcción de varias regulaciones diseñadas para proteger el medio ambiente, la vida silvestre y sitios de importancia cultural.

Sin embargo, el plan ha enfrentado resistencia por parte de propietarios de tierras, grupos ambientalistas y tribus indígenas, quienes sostienen que la rápida construcción del muro podría amenazar sitios ambientales y religiosos, además de afectar las formas de vida locales. Estos opositores también cuestionan la urgencia de la obra en un momento en que los cruces de migrantes desde México están en niveles muy bajos.

Los abogados del distrito de desarrollo de Presidio argumentaron durante la audiencia que los planes del gobierno podrían comprometer el sistema de diques que protege a la comunidad de inundaciones repentinas, afirmando que el gobierno ignoró una ley que exige obtener permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de construir sobre o cerca de los diques.

El DHS ha defendido su posición, alegando que no hay un plan definitivo sobre la ubicación del muro ni sobre su construcción. Además, argumentan que tienen la autoridad para eximir de diversas regulaciones para poder llevar a cabo la construcción, buscando eliminar por completo los cruces diarios en la frontera.

En su decisión, el juez reiteró que el Congreso no tenía la intención de limitar la autoridad de exención del secretario del DHS. El gobierno también enfrenta otra demanda en Texas, donde un grupo ambientalista y una organización de preservación de iglesias se han unido para oponerse a los planes del DHS.

El distrito de desarrollo de Presidio expresó su decepción por la decisión judicial, reiterando su compromiso de proteger el área de Big Bend y la seguridad de los diques. Estos diques fueron construidos en las décadas de 1970 y 1980 a lo largo del río Bravo para prevenir inundaciones.

Documentos judiciales indican que el CBP planea reemplazar la pendiente del dique existente por un muro de concreto, con paneles de bolardos de acero de 30 pies instalados encima, aunque la agencia ha limitado la divulgación de detalles por razones de "seguridad nacional".

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