Exjefe de seguridad de Sinaloa enfrenta cargos en corte de EE. UU. por narcotráfico

NUEVA YORK — Gerardo Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad Pública en el estado mexicano de Sinaloa, se presentó ante un tribunal federal de Estados Unidos el pasado viernes, tras ser arrestado en Arizona. Está acusado, junto con otros funcionarios, de recibir sobornos a cambio de facilitar el contrabando de grandes cantidades de drogas hacia el país.

En su primera comparecencia en la corte de Manhattan, el exfuncionario de 66 años no tuvo que presentar un alegato de culpabilidad. Actualmente se encuentra detenido, aunque podría solicitar libertad bajo fianza en una fecha posterior. Su próxima cita en el tribunal está programada para el 1 de junio. Se ha intentado contactar a su abogado para obtener comentarios.

Mérida Sánchez es uno de los diez funcionarios, actuales o anteriores, del gobierno de Sinaloa que fueron acusados el mes pasado en Estados Unidos. Es el primero en comparecer ante la corte y enfrenta cargos de conspiración para importar narcóticos, así como posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, lo que podría llevarlo a enfrentar penas que van desde 40 años hasta cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

Entre los otros acusados se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, quienes han manifestado su intención de tomar licencias temporales para afrontar las acusaciones, aunque aún no han sido detenidos.

El Gabinete de Seguridad de México confirmó que Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el lunes, siendo detenido en el cruce fronterizo de Nogales. Documentos judiciales indican que compareció en un tribunal de Arizona antes de ser trasladado a Nueva York.

Se le acusa de haber recibido sobornos que superan los 100,000 dólares mensuales de parte de "Los Chapitos", una facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, actualmente encarcelado. A cambio de estos pagos, se le señala de haber proporcionado información sobre investigaciones en curso y operativos antidrogas, así como de haber advertido sobre redadas inminentes, lo que permitió a los miembros del cártel eludir la captura.

Algunos de los funcionarios involucrados pertenecen al partido Morena, que apoya a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta última declaró que no defenderá a quienes se demuestre que cometieron delitos, pero sostuvo que si se encuentran pruebas contundentes, estos deberían ser juzgados en México, no en Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad de México han mantenido comunicación con las autoridades estadounidenses en el marco de la cooperación internacional.

En 2019, El Chapo fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Otro líder del cártel, Ismael "El Mayo" Zambada, se declaró culpable el año pasado de narcotráfico y se espera su sentencia en julio.

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