EEUU avanza en la incautación de un petrolero y 2 millones de barriles de crudo

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una demanda para reclamar un petrolero sancionado y casi 2 millones de barriles de petróleo que fueron incautados frente a la costa de Venezuela en diciembre pasado.

Esta acción forma parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para reafirmar su influencia sobre el sector petrolero venezolano tras la captura del mandatario Nicolás Maduro.

Se trata de la primera demanda formal presentada por Estados Unidos para iniciar el proceso legal de control sobre uno de los al menos diez petroleros que han sido interceptados por las autoridades estadounidenses desde finales de 2022.

El gobierno estadounidense ha acusado a Venezuela de operar una flota de embarcaciones que utilizan banderas falsas para contrabandear crudo de manera ilegal hacia los mercados globales.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, afirmó en un comunicado: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar en secreto a regímenes que representan amenazas claras para Estados Unidos ha terminado. Este Departamento de Justicia desplegará toda la autoridad legal a nuestro alcance para desmantelar por completo y cerrar de manera permanente cualquier operación que desafíe nuestras leyes y alimente el caos en todo el mundo".

La incautación del petrolero, llamado Skipper, marcó un punto de inflexión en la política estadounidense hacia Venezuela y fue parte de una escalada en la presión sobre Maduro, cuyo régimen ha dependido del petróleo para sostener su economía.

Maduro ha calificado la incautación del petrolero como un "acto de piratería internacional". El mandatario fue arrestado en una operación de Estados Unidos el mes pasado y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, a lo que se declaró no culpable y se autoproclamó "el presidente de mi país". Desde su detención, varias embarcaciones han intentado evadir la vigilancia estadounidense, que ha interceptado algunas de ellas incluso en el océano Índico.

El gobierno de Trump busca controlar la producción, refinación y distribución del petróleo venezolano, además de supervisar el flujo de los ingresos generados. Recientemente, Estados Unidos ha comenzado a levantar sanciones para permitir que empresas extranjeras operen en Venezuela, intentando revitalizar la debilitada industria petrolera.

Un juez federal en Washington deberá autorizar la solicitud del gobierno para tomar de manera permanente la propiedad del Skipper y su carga, lo que podría permitir la venta del petróleo incautado.

El Departamento de Justicia sostiene que el petrolero ha trasladado petróleo entre Irán y Venezuela, utilizando banderas falsas para encubrir sus actividades ilegales, generando ingresos para la Guardia Revolucionaria de Irán, catalogada como organización terrorista por Estados Unidos.

El secretario de Justicia adjunto, A. Tysen Duva, destacó: "Debido a los esfuerzos coordinados de nuestros fiscales y de nuestros socios en las fuerzas del orden, un petrolero fantasma que durante años trasladó en secreto petróleo ilícito de Irán y Venezuela por todo el mundo ha sido retirado de los mares".

Estas acciones buscan interrumpir el flujo de ingresos hacia organizaciones terroristas extranjeras, con el objetivo de aumentar la seguridad tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo.

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