Corte de apelaciones permite detención de migrantes sin fianza en EE.UU.

Una corte de apelaciones en Estados Unidos determinó el miércoles que el gobierno puede continuar deteniendo a migrantes sin ofrecerles la posibilidad de fianza, lo que representa un respaldo significativo a la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump en su lucha contra la inmigración.

El fallo emitido por un panel de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, con sede en St. Louis, revocó una decisión de un tribunal inferior que requería que un ciudadano mexicano detenido por no tener documentación legal recibiera una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.

Este es el segundo tribunal de apelaciones que se pronuncia a favor de la administración actual en este tema. En el mes anterior, el Quinto Circuito, en Nueva Orleans, dictó que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de denegar audiencias de fianza a migrantes arrestados en todo el país era acorde con la Constitución y las leyes migratorias federales.

Ambas decisiones contradicen recientes fallos de tribunales inferiores en diversas jurisdicciones que consideraban esta práctica como ilegal.

En noviembre de 2025, un tribunal de distrito en California había otorgado a los migrantes detenidos sin antecedentes penales la opción de solicitar una audiencia para establecer una fianza, lo que tuvo un impacto directo en aquellos sin nacionalidad estadounidense en centros de detención a nivel nacional.

Con administraciones anteriores, la mayoría de los extranjeros sin antecedentes penales arrestados lejos de la frontera podían solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos avanzaban en los tribunales de inmigración. Generalmente, se concedía la fianza a quienes no tenían condenas previas y no representaban un riesgo de fuga; la detención obligatoria se limitaba a quienes habían cruzado la frontera recientemente.

El caso ante el Octavo Circuito involucró a Joaquín Herrera Ávila, un mexicano detenido en Minneapolis en agosto de 2025 por carecer de documentación legal para ingresar a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional lo mantuvo sin derecho a fianza e inició su deportación.

Ávila presentó una solicitud para su liberación inmediata o una audiencia de fianza. Un juez federal en Minnesota le dio la razón, señalando que la ley permitía la detención sin fianza cuando la persona que solicitaba su ingreso no tenía derecho a ser admitida. Según el magistrado, este no era el caso de Ávila, quien había vivido varios años en el país sin haber solicitado naturalización, asilo o estatus de refugiado.

El juez de la Corte de Apelaciones Bobby E. Shepherd escribió en la opinión mayoritaria —en una decisión de 2-1— que la ley es "clara en cuanto a que un ‘solicitante de ingreso’ también es un extranjero que ‘solicita admisión’", lo que implica que Ávila no podía presentar una petición bajo esos argumentos.

El magistrado Ralph R. Erickson discrepó, afirmando que Ávila habría tenido derecho a una audiencia de fianza durante su proceso de deportación si hubiese sido detenido en los últimos 29 años. Ahora, indicó, la Corte de Apelaciones ha determinado que Ávila y millones de personas más estarán sujetos a una detención obligatoria bajo una nueva interpretación de "extranjero que solicita admisión" que no ha sido utilizada por los tribunales ni por las cinco administraciones presidenciales anteriores.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a Ávila, no respondió a una solicitud de comentarios.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, celebró el fallo, expresando en redes sociales: "¡ENORME VICTORIA JUDICIAL contra jueces activistas y a favor de la agenda de ley y orden del presidente Trump!".

Permanece la incertidumbre sobre si el gobierno está obligado a solicitar a un juez imparcial que determine la legalidad de la detención de una persona.

El caso se fundamenta en el habeas corpus, un concepto legal que se refiere al derecho constitucional de las personas a impugnar legalmente su detención por parte del gobierno.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, los inmigrantes han presentado más de 30.000 peticiones de habeas corpus ante cortes federales alegando detenciones ilegales, muchas de las cuales han tenido éxito.

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