Corte colombiana confirma condena a Santiago Uribe por paramilitarismo

BOGOTÁ — La Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció el jueves que ha confirmado la condena a Santiago Uribe, hermano del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, por su participación en la creación de un grupo armado paramilitar. Esta decisión marca la última instancia judicial en su caso, donde se le imponen 28 años de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

Inicialmente, Uribe había sido absuelto en una primera instancia, pero en noviembre de 2025 se le condenó a prisión y se le impuso una multa de 2,4 millones de dólares. Tras conocer la sentencia, su defensa interpuso un recurso ante la Corte Suprema, insistiendo en su inocencia, pero el tribunal resolvió ratificar la condena.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ocupó la presidencia entre 2002 y 2010, expresó su descontento con la decisión a través de la red social X, calificando la situación como "devastadora" para su familia. Por su parte, el abogado defensor Jaime Granados Peña manifestó que aunque respetan la decisión judicial, consideran que su cliente está sufriendo una condena injusta.

La Corte detalló que el cargo de concierto para delinquir contra Santiago Uribe se basa en su vinculación con "Los doce apóstoles", un grupo paramilitar que operó en la región de Antioquia en la década de 1990. Este grupo fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos, cometiendo actos de violencia sistemática contra la población civil.

Además, Uribe fue acusado del homicidio de Camilo Barrientos Durán, un conductor de autobús asesinado en 1994, quien fue señalado como colaborador de un grupo guerrillero. Según la corte, Barrientos estaba en una lista de objetivos de aniquilación del grupo paramilitar.

Colombia ha enfrentado un complejo conflicto armado interno, donde los grupos paramilitares, en ocasiones, contaron con el apoyo de las fuerzas militares y de inteligencia del estado para combatir a las guerrillas de izquierda. Durante su gobierno, Álvaro Uribe promovió la desmovilización de estos grupos a cambio de beneficios penales, lo que generó controversias y debates sobre la justicia en el país.

La sentencia de segunda instancia se basó en la credibilidad de los testimonios de exparamilitares, quienes confirmaron tanto las actividades del grupo delictivo como la implicación de Santiago Uribe. La corte criticó al juez de primera instancia por no considerar la coherencia de los testimonios que apuntaban a Uribe como líder de la organización criminal.

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