Acosador serial

"Pucho" Roqué, la historia de un calvario sin fin

Tras salir de la cárcel, luego de purgar una condena de siete años de prisión, el acosador serial volvió a atacar. Fue imputado, aunque sigue libre. Crónica íntima de un sistema con gruesas falencias.

23/06/2022 | 11:34

Redacción Cadena 3

Juan Federico

Juan Federico

El acosador serial de Córdoba, Sebastián "Pucho" Roqué (46) volvió a la libertad y ya fue denunciado.

La noticia, revelada en la mañana del miércoles por Cadena 3 tiene un trasfondo que no deja de sonar como una alarma insistente, ya que desnuda de manera exponencial la impotencia de todo un sistema.

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Primero, un poco de historia para entender la gravedad de la situación. 

Hace más de dos décadas que "Pucho" Roqué se convirtió en un "cliente" del sistema judicial de Córdoba. En realidad, quienes lo conocen bien de cerca, desde su infancia en barrio Tablada Park, recuerdan que sus inconductas ya eran problemáticas en la adolescencia. 

Por eso, no logró terminar el secundario en el colegio Peña y fue necesario que cursara el último año en el Víctor Ree. Ya en las salidas nocturnas a boliches se veía involucrado en peleas y en los partidos de fútbol en campeonatos barriales terminaba expulsado en medio de agresiones cada vez más violentas.

Exnovias de la adolescencia recuerdan, aún con miedo, cómo él se obsesionaba con ellas una vez que la relación se terminaba. Llamadas a cualquier hora, policías que llegan alertados por falsas denuncias anónimas, multitud de deliveries que aparecían, todos juntos, en el domicilio. Diferentes técnicas que llevaban el mismo objetivo: el acoso constante.

Recién a los 24 años, Roqué llegó a Tribunales. Su salud mental comenzó a ser central: los primeros fiscales, en base a los peritajes, determinaban que era inimputable y lo enviaban a algún centro especializado. Su historia clínica lo encontró en el neruropsiquiátrico de barrio Juniors (de donde escapó y obligó a una intensa búsqueda policial) y también en un centro privado próximo a la avenida Sagrada Familia.

Al poco tiempo, Roqué regresaba a su casa, con alguna alta médica. Y los acosos comenzaban de nuevo.

El padecimiento de una de las víctimas se convirtió en una historia central en todo este caso. La joven quedó embarazada de él y mientras la relación se rompía comenzaba un calvario asfixiante. 

Recién en 2015, el fiscal de Violencia Familiar Cristian Griffi resolvió, a partir de nuevos peritajes, imputar a Roqué, en 2015, momento en el que también se dictaminó su encierro en una cárcel común. Fue a partir de entonces que la Justicia determinó que "Pucho" era "consciente de la gravedad de sus acciones".

Fue sentenciado a cumplir una pena de cuatro años y ocho meses de prisión. De la cárcel de Bouwer lo trasladaron al penal de Cruz del Eje.

Pero las rejas no alcanzaron para que dejara de hostigar a la joven. A través del teléfono de la penitenciaría, la intentó llamar en más de 80 ocasiones, a ella y a otros familiares, por lo que recibió una segunda condena en 2019.

Al momento de la última palabra, frente al Tribunal, Roqué dijo que él no tenía que pedir disculpas por nada y negó cualquier responsabilidad.

En total, las penas se unificaron en siete años de prisión.

Mientras estaba alojado en el penal de Cruz del Eje, Roqué comenzó a llamar con insistencia a la jueza y a la secretaria del Juzgado de Ejecución Penal. Tal fue el acoso, que la magistrada terminó por apartarse.

Fue entonces que se decidió que su caso fuera girado a un Juzgado de Ejecución Penal de la ciudad de Córdoba y que Roqué regresara a la cárcel de Bouwer.

Allí, terminó por erigirse como un preso importante dentro de la comunidad de reos: asistía a los otros detenidos en diversos escritos judiciales.

Hasta que finalmente cumplió su condena. Y el pasado lunes 13 de este mes, Roqué regresó a su casa familiar de toda la vida.

Menos de 24 horas después, la joven con la que tuvo un hijo y cuya denuncia terminó en su sentencia, comenzó a recibir extraños mensajes por whatsapp. Primero, por unos supuestos gatitos; luego, por una presunta equivocación.

A ella nadie de la Justicia de Córdoba le había avisado que su acosador, quien además es padre de su pequeño hijo, le acababan de dar la libertad. 

Sólo se enteró a partir de un rumor que le hizo llegar un conocido. Tuvo que llamar a la cárcel de Bouwer para preguntar si era cierto. Fue a Tribunales 2 y no encontró respuestas: en el Juzgado le dijeron que no estaban obligados de avisarle nada y el fiscal Griffi no la recibió.

Se trasladó entonces al Polo de la Mujer. Alguien escribió una denuncia minúscula y le dijo que se retirara.

Los mensajes comenzaron a multiplicarse con una frecuencia enfermiza. Bloqueó un número. Aparecieron de uno nuevo. El fin de semana, ya eran más de 200. Esta vez, la recibieron directamente en la unidad judicial 19. Más de 20 páginas de pruebas terminaron por ser impresas.

Fue entonces que se comunicó de lo que estaba sucediendo a la fiscal de Violencia Familiar Andrea Martin, una funcionaria experimentada en investigan delitos complejos que hace pocas semanas asumió en ese puesto. Se ordenaron medidas urgentes para localizar a Roqué. 

Pero la Policía no logró encontrarlo en un primer momento. La joven ya estaba aterrada. Con una consigna policial en la puerta y un botón antipánico en la mano, empezaron a ofrecerle llevarla a un refugio estatal. 

Pero en ese momento, "Pucho" fue localizado y le colocaron una tobillera electrónica, para impedir que se acercara a su expareja. 

El martes, Roqué fue imputado por amenazas y la fiscal le indicó que no puede tener ningún tipo de contacto con la joven.

Sin embargo, el miércoles a la noche, ella tuvo que ir otra vez a una unidad judicial, tras una nueva catarata de mensajes de todo tipo. Cinco horas tuvo que esperar hasta ser atendida.

Pese a que Roqué tiene una tobillera electrónica, ella es en realidad la que tiene su libertad reducida. 

Como vive en una zona cercana al domicilio de "Pucho", ya no puede ir a un reconocido paseo de comprar ni a un local gastronómico al que solía ir con sus hijos, ya que ingresa en un perímetro peligroso de 10 cuadras a la redonda y se activan las alarmas. Desde la Policía la llaman y le indican que no puede quedarse en esos lugares.

Tampoco ha logrado ir a visitar a sus abuelos nonagenarios, ya que viven dentro de ese perímetro. 

Ella hace días que camina aferrada al botón antipánico y siente un acecho invisible y constante, una sombra que creyó haber olvidado en los últimos siete años.

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