Habilitaciones de Bomberos truchas: admiten a la Municipalidad como querellante

El fiscal Guillermo González admitió como querellante particular a la Municipalidad de Córdoba en la investigación por la adulteración de certificados de Bomberos esenciales para la habilitación de negocios.

Los siete detenidos hasta ahora son: el bombero policial Marcos Fernando Luquez, los ex bomberos Julio Zárate y Eduardo Rivadero, el policía Leonardo Gorosito (lo acusan de haber oficiado de "gestor"), los ingenieros Rafael Calama y Mario García, y el técnico en Gestión Ambiental Roque Javier Olmedo (serían los profesionales detrás de la firma).

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La maniobra tenía múltiples variables: por un lado, reclutaban a aquellos que no lograban pasar los controles oficiales de Bomberos en el marco de un proceso de habilitación. Estos comerciantes, antes que adecuar sus negocios, preferían pagar una suerte de "coima" a través de esta "gestoría" que se habría encargado de elaborar el certificado de aprobación.

Había casos en que los comerciantes, con los plazos próximos a vencer en cuanto a la habilitación municipal, y atentos a que debían realizar engorrosos trámites, varios de ellos con trabas burocráticas, acudían a esta "gestoría" que les ofrecía lograr las habilitaciones de manera exprés.

Entre los siete detenidos, figura un empleado administrativo de una reconocida cadena de supermercados.

En algunos casos, se descubrió que directamente en las carpetas que luego aprobaba la dirección de Habilitación de Negocios de la Municipalidad de Córdoba se introducían certificados aptos de Bomberos que eran apócrifos, con firmas de funcionarios que jamás habían participado de ningún tipo de control.

Pero, en otros expedientes bajo análisis judicial, se comprobó que en realidad los certificados eran reales, pero habían tenido un llamativo tratamiento exprés en Bomberos.

Los informes apuntan a que las sumas que se cobraban por estas maniobras oscilan entre los 100 mil y los 500 mil pesos, pero en realidad se trataba de una tarifa "proporcional" a la inversión real que debía realizar cada comerciante en caso de que hubiesen intentado adecuar los locales a las exigencias oficiales.

Por su parte, Federico Pizzicari, el abogado que representa al policía Leonardo Gorosito, dijo que la semana que viene empezarían con las indagatorias. "Ayer lo estuve viendo, está muy tranquilo porque me dice que no tiene nada que ver, que es un gestor y conociendo de lo que se lo acusa veremos si declara en esta instancia o en una posterior", adelantó.

Informe de Gonzalo Carrasquera y Francisco Centeno.