Un hombre fue condenado por trata sexual y forzar una unión de hecho con una menor

Buenos Aires, 16 diciembre (NA) – Un hombre fue condenado en San Martín a 10 años de prisión acusado de trata de personas con fines de explotación sexual y abuso sexual reiterado contra la víctima, con quien tuvo dos hijos, y a quien forzó cuando era adolescente a una unión de hecho.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 de San Martín sentenció a José Rolendio Polo, de 58 años, por ser autor del delito de trata de personas en su modalidad de recepción y acogimiento con fines de explotación, consistente en forzar una unión de hecho, agravado por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad, por ser la víctima menor de 18 años y haberse consumado la explotación en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal, cometido en reiteradas oportunidades, mediando abuso coactivo o intimidatorio de esa relación de dependencia y aprovechando que no pudo consentir libremente la acción por su situación de vulnerabilidad, en calidad de autor penalmente responsable.

Desde el portal Fiscales destacaron que la investigación por parte de la Fiscalía Federal de Mercedes se inició el 28 de junio de 2022 luego de que la víctima haya llamado a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

"En aquella oportunidad, la joven denunció a Polo, dos tíos y a su madre, con quien solo tendría contacto telefónico y quien actualmente residiría en Formosa con una hermana de la damnificada. La mujer y sus dos hermanos aún son investigados por la Justicia Federal de Mercedes", indica el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La víctima relató que, cuando tenía 10 años, vino desde la provincia de Formosa a vivir a la casa de un tío, hermano de su madre, en el barrio Marabó de la localidad bonaerense de General Rodríguez. A la vuelta de ese domicilio vivía el ahora condenado, con su mujer y siete hijos.

Dos años después, contó que su madre la mandó a vivir con un hombre que seguía el rito umbanda, pero a los pocos meses el hombre intentó manosearla y abusar de ella, por lo que volvió con su madre. Sin embargo, su mamá manifestó que si se negaba no podrían alimentar a sus hermanos menores, por lo cual la obligó a prostituirse con familiares, conocidos y en un burdel.

En 2011, a poco de cumplir 15 años, su madre hizo un arreglo con el imputado -que entonces tenía 45 años-, para que mantuviera sexo a cambio de dinero y mercadería. Producto de uno de los encuentros, la adolescente quedó embarazada, por lo que su madre intentó que abortara, pero ella se negó.

Durante casi una década, la joven mantuvo relaciones con Polo, quien la forzó a realizar una unión de hecho, hasta que, en 2020, comenzó a negarse y el hombre a agredirla.

En febrero de ese año, decidió denunciarlo por violencia doméstica en la Comisaría de la Mujer local, pero allí los ataques incrementaron ya que comenzó a hostigarla y amenazarla de muerte.

En uno de los hechos el agresor incendió su vivienda, con sus hijos de 3 y 9 años, en su interior. Este hecho fue denunciado por la víctima en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 de General Rodríguez.

Luego de varios años de calvario, decidió contactarse con la Línea 145 y de este modo logró que una de las causas llegue a su cierre con la condena.

En la etapa de alegatos, el fiscal general Alberto Adrián María Gentili solicitó que Polo sea condenado a 10 años, pena que fue aceptada por el Tribunal.

El juez José Antonio Michilini avaló la acusación del MPF y tuvo por acreditado que el imputado, entre 2011 y 2020, recibió y acogió a la víctima, que fue ofrecida por su madre, y abuso "de su estado de vulnerabilidad y de su minoría de edad -en un tramo-, a efectos de explotarla sexualmente, obligándola a mantener con el condenado una unión forzosa de hecho, con coacciones e intimidaciones", sin su libre consentimiento. También dio por probados los abusos sexuales con acceso carnal, reiterados, producto de los cuales nacieron dos hijos de la víctima.

"En este punto corresponde destacar que la denominada 'unión de hecho' que el acusado impuso a la víctima, lejos de constituir una relación afectiva libremente elegida, configura una modalidad contemporánea de servidumbre matrimonial o 'matrimonio forzado', expresamente reconocida en el art. 145 ter CP como manifestación de explotación", señaló el juez.

Agregó que "la víctima, siendo menor de edad y careciendo de autonomía económica, social y familiar, fue privada de la posibilidad real de autodeterminar su proyecto de vida, sometida a la voluntad del acusado mediante mecanismos de coacción, dependencia afectiva inducida y explotación sexual prolongada en el tiempo".

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