Sentencia: la Justicia rechazó el amparo y ratificó clausura del loteo Damfield
En una decisión de fondo, la jueza de primera instancia Gueiler descartó que la paralización de las obras que ordenó el Gobierno provincial por problemas hídricos y ambientales haya sido arbitraria. Se agotaron las opciones para reanudar el proyecto a corto plazo.
18/12/2025 | 12:48Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La jueza Susana Gueiler rechazó el amparo promovido por los desarrolladores
La Justicia de Rosario emitió finalmente este jueves una sentencia de fondo en el extenso conflicto por el emprendimiento inmobiliario Damfield, en Funes: la jueza Susana Gueiler rechazó el amparo promovido por los desarrolladores del barrio privado y confirmó la clausura de las obras dispuesta a mediados de 2024 por un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro y todos los ministros al declararlo "inviable" en términos hídricos y ambientales.
En una decisión que era esperada porque define el futuro inmediato del proyecto, la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº18 descartó que la decisión del Ejecutivo haya sido arbitraria o carente de sustento legal. Por el contrario, señaló que el emprendimiento no contaba con la autorización ambiental indispensable para avanzar con trabajos de urbanización y viviendas.
Si bien la decisión es de primera instancia y el fideicomiso Davik SA (Damfield) puede apelar, ya es la cuarta resolución judicial adversa, tras dos rechazos a cautelares en dos instancias y un recurso que trató la Cámara Federal -en otro ámbito-. Así, se extiende la incertidumbre entre los compradores de los lotes, mientras al menos uno ya formalizó una denuncia penal.
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En su dictamen, aconsejó a la jueza Gueiler que declare "inadmisible” el amparo de la desarrolladora para reactivar las obras en el barrio cerrado. Se agotan las vías administrativas y políticas y el Juzgado está en condiciones de emitir una resolución de fondo.
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Los fundamentos
Uno de los ejes centrales de la sentencia de la jueza Gueiler apunta a que los desarrolladores habían iniciado tareas sin la habilitación final.
“Surge entonces con meridiana claridad que el desarrollador Fideicomiso Damfield Funes no tenía autorización alguna para iniciar las obras del emprendimiento inmobiliario”, destacó la magistrada, tras citar documentación oficial que advertía que la aprobación previa de drenajes urbanos “no implicaba autorización para iniciar la obra” y estaba supeditada a una evaluación ambiental posterior.
Para el Juzgado Civil y Comercial Nº18 de Rosario, la desarrolladora del loteo Damfield "no puede pretender desconocer que no tenía autorización suficiente para el emprendimiento inmobiliario y que el mismo se encontraba supeditado a otras autorizaciones administrativas, fundamentalmente el certificado de aptitud ambiental".
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Fue convocada por la jueza provincial Gueiler en términos de "conciliación" y como instancia previa a su decisión sobre la validez de la clausura de la obra del desarrollo inmobiliario. Coincide con un "diálogo" abierto entre los empresarios y el Gobierno.
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También aseguró que el conflicto "no debe analizarse únicamente como una afección al derecho a la propiedad privada del artículo 17 de la Constitución Nacional, como pretende hacerlo valer" (por el emprendimiento inmobiliario Damfield), "sino como una afección al derecho a un ambiente sano y un clima estable de todos los habitantes de la cuenca del arroyo Ludueña", lo que abarca zonas de Rosario.
También subraya que el Estado se amparó en la legislación vigente sobre cuencas hídricas y sobre impacto ambiental para dictar el decreto que frenó las obras, y que la desarrolladora fue intimada previamente a suspender los trabajos. Lejos de advertir arbitrariedad, Gueiler señaló fundamentos administrativos y técnicos suficientes para sostener la paralización.
La semana pasada, en un duro dictamen, la procuradora María Laura Martínez había orientado a la magistrada en los mismos términos, recomendando sostener la situación actual.
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El amparo había sido presentado por los abogados Hernán J. Martínez, Hernán Augusto Martínez, Miguel Amuchástegui y Fernando Andrés Candia, apoderados de Davik SA, la desarrolladora compuesta por Darío Maximiliano Fernández y Marco e Ismael Villegas Kalac, junto a Mauro Digiuni -cara visible-. En la resolución, la jueza les cargó las costas del proceso.
Los jóvenes empresarios sostienen el funcionamiento del predio deportivo, que no está cuestionado.
Cómo puede seguir el conflicto
Tras la clausura por política y administrativa por decreto provincial, y el rechazo de cautelares en primera y segunda instancia, junto a la decisión de fondo de la jueza Gueiler de rechazar el amparo y cargar costas a Damfield, se amplía el interrogante sobre los inversores, que esperan por los lotes adquiridos.
Es que si bien los desarrolladores podrán apelar la resolución de primera instancia, es improbable que a corto plazo se puedan destrabar las obras -si es que alguna vez sucede- y, mucho menos, cumplir con los plazos de entrega. Podría, eventualmente, ir a la vía Contencioso Administrativa para buscar revertir el expediente de Gobierno.
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Respecto del proyecto de Ley de Plusvalía sobre la que dialoga el sector inmobiliario con el Gobierno de Santa Fe, tres altas fuentes de la Casa Gris consultadas por Cadena 3 en el ámbito político, jurídico y Ejecutivo, rechazaron que el proyecto pueda favorecer a Damfield.
Por todo ello, y por entender que no fue debidamente informado sobre el riesgo que implicaba la falta de permisos definitivos para el loteo, el futbolista Denis Rodríguez denunció penalmente por estafa a los desarrolladores y al menos dos, tras reclamos por incumplimientos contractuales, obtuvieron acuerdos extrajudiciales, de los que no trascendieron detalles.
