Prorrogaron la conciliación obligatoria y aseguran operatividad en aeropuertos

La Secretaría de Trabajo extendió hoy la conciliación obligatoria por cinco días más en el marco del conflicto gremial entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), por lo que el servicio en los aeropuertos está garantizado.

De esta manera, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la prórroga de la conciliación obligatoria se extiende hasta el 26 de enero a las 8. 

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Asimismo, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia entre las partes para el día viernes 23 a las 11.

Las fuentes recalcaron que los Servicios de Navegación Aérea que presta EANA son un servicio esencial por ley, por lo que no es posible que el gremio realice un paro de un día para el otro de manera intempestiva.

El gremio debe presentar un cronograma con las medidas de fuerza a realizar, con 5 días de anticipación, y que no pueden afectar más del 45% de las operaciones aéreas debido a la esencialidad del servicio. 

Asimismo, mientras se encuentre vigente la conciliación obligatoria ninguna medida de fuerza puede llevarse a cabo.

“En este contexto, EANA insiste en su voluntad de diálogo con el objetivo de alcanzar una solución al conflicto y evitar el daño que podrían generar las medidas de fuerza del gremio sobre pasajeros, trabajadores y todo el sistema aeronáutico”, detalló la empresa.

La tregua administrativa establecida el pasado 23 de diciembre, y ahora extendida, permitió neutralizar las medidas de fuerza de ATEPSA, no obstante la resolución del conflicto paritario con EANA sigue sin concretarse.

En este caso, la paritaria no la define EANA ya que, como todo organismo y empresa del Estado, depende de la pauta que establezca Empleo Público bajo la órbita de Maximiliano Fariña.

La prórroga fue posible por las normativas vigentes, que prevén que la autoridad laboral pueda otorgar cinco días hábiles adicionales a solicitud de la empresa estatal.

Este mecanismo busca agotar las instancias de diálogo antes de que el gremio, liderado por la secretaria general Paola Barritta, recupere la potestad de realizar asambleas o paros que comprometerían el flujo de pasajeros en plena temporada alta.

El gremio ya había llevado adelante una serie de medidas de fuerza: en julio del año pasado, en la antesala de las vacaciones de invierno, se dictó una conciliación obligatoria inicial para desactivar un esquema de protestas que amenazaba el receso invernal.

Posteriormente, en agosto, se concretaron tres jornadas de paro nacional; el conflicto se suspendió tras un acuerdo transitorio que contempló una recomposición salarial del 15% distribuida en cuatro tramos.

En el mes de noviembre, el gremio retomó las acciones con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la paralización total de capacitaciones técnicas y mantenimiento de infraestructura.

Finalmente, en diciembre, se inició un plan de lucha que afectó vuelos de pasajeros por dos jornadas, lo que derivó en la actual conciliación obligatoria que rige hasta hoy.

El conflicto trascendió el ámbito laboral para instalarse en los tribunales federales, donde se investigan dos ejes principales, un presunto fraude administrativo y una investigación por fallas en la seguridad operacional.

La Justicia investiga, por un lado, la validez de un acta paritaria de fines de 2023, donde se analiza la responsabilidad de Gabriela Logatto (ex presidenta de EANA) y de Barritta en la supuesta creación de un documento que establecía aumentos anticipados para 2024, el cual no figura en los registros oficiales de la compañía.

Por otro lado, EANA formalizó denuncias penales contra el gremio por acciones que habrían puesto en riesgo la seguridad de los vuelos, como la colocación de elementos sindicales en las torres de control que podrían haber interferido con la visibilidad y operación técnica.

El vencimiento de la conciliación obligatoria sitúa al Gobierno en una encrucijada estratégica: mientras el núcleo económico mantiene su postura de austeridad, la operatividad del transporte aéreo depende de la capacidad de gestión de un recurso humano que es, por naturaleza técnica, insustituible.

Los controladores aéreos poseen un poder de acción que, de reactivarse, comprometería la estabilidad de la aviación civil y comercial en todo el territorio argentino.

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