Documentación médica clave en la demanda de Flavia Ochoa contra AstraZeneca y el Estado

Buenos Aires, 27 de julio (NA) – La demanda interpuesta por Flavia Ochoa contra AstraZeneca y el Estado nacional se fundamenta en más que su relato sobre las secuelas que, según indica, experimentó tras recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19. En el expediente se encuentra una extensa documentación médica y administrativa que será considerada durante el proceso judicial.

La investigación sobre supuestas irregularidades en la adquisición de vacunas durante la pandemia ha continuado recientemente con la declaración de la ex asesora presidencial Cecilia Nicolini, mientras que la situación del empresario farmacéutico Hugo Sigman sigue sin resolución, evadiendo presentarse ante la justicia.

La Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso a los documentos fundamentales presentados junto a la demanda, que incluyen historias clínicas, certificados médicos, estudios neurológicos, informes de rehabilitación, constancias de denuncias de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación (ESAVI), reportes a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y un dictamen de incapacidad laboral del 75,60%.

La documentación remonta sus inicios al 4 de enero de 2022, fecha en la que Ochoa recibió la vacuna de AstraZeneca en un centro de vacunación de Coronel Moldes, Córdoba. La presentación alega que esa misma noche comenzaron a manifestarse intensos dolores musculares y calambres, y que al día siguiente perdió gradualmente la movilidad de las piernas, lo que llevó a consultas médicas y una posterior internación.

Los primeros certificados que figuran en el expediente indican reposo médico y derivaciones para evaluación neurológica debido a la persistencia del cuadro clínico. Ochoa fue luego internada en un sanatorio privado de Río Cuarto, donde se le realizaron estudios de diagnóstico por imágenes, resonancias magnéticas y análisis de laboratorio.

Según los informes médicos incluidos en la causa, tras esos estudios fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia y recibió tratamiento con gammaglobulina, corticoides y un plan de neurorehabilitación intensiva. Un certificado neurológico documenta inicialmente una cuadriparesia flácida con severo compromiso de la movilidad, requiriendo el uso de silla de ruedas para el desplazamiento. Informes posteriores indican una evolución parcial, aunque persisten limitaciones funcionales que demandan el uso de dispositivos de asistencia y sesiones de rehabilitación continuas.

Ochoa comentó a la Agencia Noticias Argentinas que sigue realizando rehabilitación tres veces por semana. "Hoy sigo con rehabilitación tres veces por semana y puedo caminar con andador. El neurólogo me indicó que esa es la secuela que me quedó. Vivo con dolores intensos todo el tiempo, tengo que usar collarín y me canso muchísimo", expresó.

Entre los documentos también se encuentra el Certificado Único de Discapacidad y las prescripciones médicas para tratamientos de fisioterapia, kinesiología y neurorehabilitación, así como indicaciones farmacológicas para el seguimiento del cuadro clínico.

Otro de los documentos importantes es el dictamen de la Comisión Médica de Río Cuarto, que determinó una incapacidad laboral del 75,60%. Este porcentaje se deriva de la evaluación del síndrome neurológico y las limitaciones funcionales observadas durante la evaluación administrativa.

El expediente incluye además la constancia de denuncia de un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), presentada en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), así como un reporte elevado a la ANMAT, que son parte de los antecedentes administrativos de la demandante.

Previo a la acción judicial, Ochoa había promovido un procedimiento bajo la Ley 27.573 para solicitar el reconocimiento de una indemnización por efectos adversos de la vacunación. Sin embargo, ese reclamo concluyó con un dictamen que no logró establecer un nexo causal entre la vacuna y el evento denunciado, conclusión que la actora impugna en la Justicia.

"Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos respuesta favorable y decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada", comentó Ochoa a Noticias Argentinas.

La existencia de esta documentación y su incorporación al expediente son hechos objetivos en el proceso. La cuestión central que deberá resolver la Justicia será la valoración de esta prueba y de la evidencia adicional que produzcan las partes para determinar si corresponde dar lugar al reclamo indemnizatorio de la demandante.

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