Defensa de Rudnev solicita nuevos jueces para revisar su prisión domiciliaria

Buenos Aires, 30 de enero (NA) -- Los abogados del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado de presunta trata de personas y actualmente detenido en la cárcel de Rawson, han presentado un recurso de revisión ante el Tribunal que revocó la prisión domiciliaria que le había otorgado el juez de Garantías Gustavo Zapata el 21 de enero por motivos de salud.

El documento, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, está firmado por el equipo de defensores liderado por Carlos Broitman y argumenta que se trata de un mecanismo autónomo para que se reexamine una decisión que, según ellos, empeoró las condiciones sanitarias del detenido.

El planteamiento se basa en los artículos 360 y 364 del Código Procesal Penal Federal, y los abogados sostienen que toda medida de coerción es provisoria, mutable y revisable, lo que se vuelve aún más crítico cuando se trata del derecho a la salud de una persona en prisión.

La defensa subrayó que el artículo 364 establece el principio de doble conforme: si el Ministerio Público Fiscal presenta un recurso y el resultado es desfavorable para el imputado, este tiene derecho a solicitar una revisión.

Por lo tanto, afirman que el nuevo examen no solo es posible, sino que es obligatorio.

El escrito también detalla lo ocurrido el 21 de enero, cuando el juez Zapata concedió la prisión domiciliaria bajo el artículo 32, que se refiere a la salud del imputado.

Además, la defensa enfatizó que la discusión sobre la salud se basa en datos "objetivos y actuales".

Uno de los puntos críticos es la notable pérdida de peso de Rudnev, que supera los 50 kilos, un síntoma que los médicos han calificado como de "extrema gravedad". Los profesionales citados en el documento, jefes de servicio del Hospital de Clínicas, han indicado que esta situación requiere una internación inmediata para un estudio integral.

En el recurso se menciona la posibilidad de patologías severas, incluyendo problemas oncológicos, digestivos o pulmonares, y se destaca que un tratamiento ambulatorio sería insuficiente.

Otro aspecto importante es el informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que fue incorporado a instancias del propio Ministerio Público Fiscal. Este informe señala un "riesgo aumentado clínicamente significativo" y reconoce que la evaluación estaba incompleta debido a la falta de estudios necesarios.

Los abogados argumentan que, según el artículo 32 inciso "A", no se requiere un riesgo vital inminente, sino que la prisión impide el tratamiento o la recuperación adecuada de la dolencia.

Señalan que la falta de diagnóstico no es una justificación para negar la prisión domiciliaria, sino una prueba de que el sistema no pudo abordar el cuadro clínico a tiempo.

El recurso también menciona una imposibilidad "estructural y objetiva" para realizar estudios dentro del sistema penitenciario. Se cita un informe del Hospital Santa Teresita de Rawson que indica que varios estudios no se pueden llevar a cabo por falta de especialidades y recursos técnicos.

Para la defensa, esta constancia refuta la afirmación de que la atención médica podría asegurarse con traslados locales.

Además, sostuvieron que, después de más de seis meses, el sistema penitenciario no ha logrado realizar los estudios recomendados por los médicos.

La mayor discrepancia surge en relación con la afirmación de la Fiscalía de que Konstantin Rudnev se niega a recibir atención médica. Los defensores han cuestionado las "actas de negativa" de atención médica, argumentando que son formularios preimpresos firmados bajo una barrera idiomática "insalvable" y que Rudnev expresó su deseo de ser atendido en ruso, sin que el personal pudiera comprenderlo.

Incluso se menciona que el médico de la Unidad 6 admitió que no traduce lo que el imputado escribe porque carece de los medios para hacerlo.

La defensa también destacó que no había registros actualizados, como el peso actual de Rudnev en el momento de la audiencia, lo que, según ellos, evidencia limitaciones en el control sanitario en la cárcel de Rawson.

El recurso señala que en la audiencia hubo un consenso entre todos los médicos, incluso aquellos vinculados a la acusación, sobre la necesidad de internación para lograr un diagnóstico preciso.

Los abogados consideran que esta coincidencia es crucial, ya que demuestra que el problema no era simplemente una diferencia de opiniones, sino un cuadro clínico no resuelto.

En sus conclusiones, el escrito sostiene que la decisión revisora "banaliza" el derecho a la salud, al subordinarlo a una certeza diagnóstica que el propio sistema no ha logrado establecer en meses.

Por ello, el pedido es claro: que se acepte el recurso, se designe un nuevo tribunal para revisarlo y se revoque la decisión que restableció la detención en prisión.

Paralelamente, la defensa ha manifestado que se reserva el derecho de apelar ante la Casación y, eventualmente, ante la Corte Suprema, si el resultado es nuevamente desfavorable.

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