Debatieron en Córdoba los alcances de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Con una convocatoria que superó los 400 especialistas entre modalidad presencial y virtual, el Colegio de Abogados de Córdoba fue escenario este martes del primer debate nacional, plural y federal sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional y enviado al Congreso de la Nación el jueves 11 de diciembre, con ingreso por la Cámara de Senadores.

Organizada junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y el Círculo de Abogados Laboralistas, la Jornada sobre Reforma Laboral desarrolló un análisis técnico y exhaustivo de los cambios propuestos, estructurado en dos paneles: Derecho Individual del Trabajo y Derecho Colectivo del Trabajo. La actividad reunió miradas diversas del ámbito académico, profesional e institucional, con una premisa común: poner el proyecto “bajo la lupa”, artículo por artículo, y con impacto para todo el país.

Al cierre del primer panel, el presidente del Colegio, Eduardo Bittar, destacó la relevancia institucional del encuentro y su oportunidad: “Fue el primer evento en donde se está discutiendo el proyecto de reforma laboral casi inmediatamente después de su presentación”. En esa línea, subrayó que se trata de leyes “trascendentales en la vida de la ciudadanía” y que requieren “todo el tiempo debido a discusión” para alcanzar consensos y evitar posteriores conflictos judiciales. Además, afirmó: “Nosotros necesitamos una abogacía que pueda desempeñar su ejercicio de una manera libre”.

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Un debate “punto por punto” sobre el Derecho Individual del Trabajo

El primer panel abordó los ejes del Derecho Individual del Trabajo, con exposiciones de Alejandro Manzanares, Fabiola Prietro, Carlos Toselli (decano de la Facultad de Derecho de la UNC), Laura Cociglio y Claudio Omar Moroni (ex ministro de Trabajo de la Nación).

Trabajo en plataformas, informalidad y “banco de horas”

En su exposición, Alejandro Manzanares se detuvo en el universo del trabajo en plataformas, el empleo no registrado y los cambios proyectados sobre jornada laboral. Al referirse al espíritu de las modificaciones, señaló que la intención declarada es promover la incorporación al mercado formal de trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad y explicó que instrumentos como el banco de horas buscan armonizar y adecuar las jornadas de trabajo a nuevas modalidades productivas.

Licencias por enfermedad: “control” y cargas formales

Luego, Fabiola Prietro expuso sobre accidentes y enfermedades inculpables y las modificaciones propuestas al artículo 210 de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo), en el marco de cambios vinculados también a la Ley Complementaria sobre Riesgos del Trabajo (Ley 27.348).

En sus conclusiones, advirtió que el texto proyectado prioriza una lógica de control y seguridad jurídica empresarial por encima de la finalidad protectoria del régimen de licencias por enfermedad o accidente inculpable. También sostuvo que el proyecto refuerza el poder de control del empleador, incorpora exigencias formales y desplaza el eje “desde la tutela del trabajador hacia la acreditación estricta de la enfermedad”, con el riesgo de trasladar al trabajador “una carga probatoria excesiva” ante contingencias no imputables.

“Pantallazos generales”: teletrabajo, justicia social y reglas de jornada

A continuación, Carlos Toselli presentó una mirada panorámica sobre la arquitectura del proyecto. En su análisis, advirtió que la reforma incluye supresiones y rediseños que -desde su perspectiva- expresan una orientación definida en principios, reglas de interpretación y organización del sistema.

Entre otros puntos, se refirió a la derogación de la ley de teletrabajo, a la eliminación de referencias como el principio de justicia social y al impacto que podrían tener cambios sobre criterios interpretativos tradicionales, además de exponer consideraciones sobre salario, beneficios y jornada laboral. En particular, describió el alcance del rediseño de la jornada y los mecanismos de compensación de horas, señalando que el proyecto profundiza herramientas como el banco de horas y reconfigura límites que históricamente estructuraron el derecho del trabajo.

Extinción del contrato: análisis de los artículos 49 a 53

En cuarto lugar, Laura Cociglio desarrolló un análisis técnico sobre los artículos 49 a 53 del proyecto, vinculados a la extinción del contrato de trabajo, planteando observaciones críticas desde una perspectiva jurídico-laboral y marcando reparos respecto de los efectos que podrían derivarse de la regulación propuesta.

Moroni: “Lo que dice que quiere resolver, no lo resuelve”

El cierre del panel estuvo atravesado por la intervención de Claudio Omar Moroni, quien propuso revisar el diagnóstico que sostiene el proyecto en torno a la informalidad. A partir de datos sobre empleo no registrado, sostuvo que el fenómeno se vincula fuertemente al tamaño y condiciones de funcionamiento de las empresas y que, en gran parte, involucra circuitos que también están fuera de registros tributarios y de control estatal.

En ese marco, dejó una definición que marcó el tramo final del panel: “Lo que dice que quiere resolver no lo resuelve”, al señalar que el proyecto no solucionaría el problema del trabajo no registrado. En continuidad, remarcó la centralidad del sistema de convenios y la necesidad de entidades sindicales capaces de negociar, al considerar que el Derecho Individual no puede leerse aisladamente del Derecho Colectivo.

Derecho Colectivo: negociación colectiva, paritarias y rol sindical

El segundo panel, dedicado al Derecho Colectivo del Trabajo, contó con las exposiciones de César Arese, Jorge Sappia y María Agustina Karakachoff, y colocó en el centro del debate el régimen de negociación colectiva, el alcance de las paritarias, los aportes vinculados a estructuras sindicales y el impacto sobre principios constitucionales.

Arese: de un sistema “mayor”, a un alcance “menor”

Con la exposición titulada “De mayor a menor”, César Arese describió a la negociación colectiva como una institución esencial del Derecho del Trabajo, en tanto permite a los trabajadores “intervenir en su propio destino” mediante la organización colectiva.

En sus conclusiones, advirtió que el proyecto introduce reglas que inducen a un nivel de negociación más descentralizado, con predominio de ámbitos menores -especialmente por empresa- y con posibles efectos sobre la dinámica de los convenios, su jerarquía, sus cláusulas y su estabilidad. También señaló que la intervención estatal propuesta sobre cláusulas convencionales y su eventual suspensión por “distorsiones económicas” sería objeto de observaciones desde estándares internacionales de libertad sindical.

Sappia: “Un proyecto definitivamente antisindical”

Jorge Sappia inició su exposición con una definición contundente: “Este es un proyecto de ley definitivamente antisindical”. A partir de allí, sostuvo que la iniciativa reduce márgenes de acción del sindicalismo y minimiza herramientas de conflicto colectivo previstas por la Constitución Nacional (art. 14 bis) y por instrumentos internacionales, en especial en materia de derecho de huelga y negociación colectiva.

En el desarrollo de su intervención, objetó las previsiones sobre “servicios esenciales” y “servicios de importancia trascendental”, advirtiendo que los porcentajes de prestación mínima podrían desnaturalizar la medida. “Si hay huelga, que no se note”, expresó al explicar el alcance práctico que, a su criterio, podría tener la regulación proyectada.

Karakachoff: “Quiebra el principio de igual remuneración por igual tarea”

Por último, María Agustina Karakachoff propuso una pregunta ordenadora: “¿Por qué esta reforma laboral?”, y cuestionó el uso de la idea de “modernización” cuando -según señaló- se vuelve sobre esquemas que desbalancean la relación entre capital y trabajo. En su exposición, puso el acento en el impacto del proyecto sobre la salud psicofísica del trabajador y la trabajadora, así como en el sentido constitucional de conceptos como equidad, dignidad laboral y justicia social.

Además, advirtió que la descentralización de la negociación colectiva y la preeminencia de convenios por empresa podrían derivar en desigualdades regionales y sectoriales, con una consecuencia institucional central: “quebrar el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea”, eje que -remarcó- cuenta con anclaje constitucional y respaldo en tratados internacionales.

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