Venezuela confirma su salida definitiva de la Corte Penal Internacional tras duras críticas

CARACAS — El gobierno venezolano, bajo el liderazgo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció el viernes su decisión "firme y definitiva" de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta medida fue comunicada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, según el canciller Félix Plasencia, quien utilizó la plataforma X para informar sobre la denuncia del Estatuto de Roma y el inicio del proceso de retiro, conforme al Artículo 127.

La decisión se produce más de siete meses después de que la Asamblea Nacional, con una mayoría oficialista, aprobara por unanimidad una ley que deroga el instrumento legal que había ratificado la adhesión al Estatuto de Roma casi 26 años atrás, marcando así el primer paso hacia la salida del país del tribunal.

Plasencia expresó que Venezuela considera que la actuación de la Corte ha evidenciado un "sesgo geográfico", concentrando sus esfuerzos de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, lo que, según él, perjudica al Sur Global. "Este patrón revela una justicia internacional que ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía", añadió el canciller en un comunicado.

El funcionario también criticó que el tribunal ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia. En este sentido, Venezuela rechaza lo que denomina "lawfare", refiriéndose al uso malintencionado de leyes y tribunales como armas políticas, y que, según Plasencia, perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano.

Además, reafirmó el compromiso del gobierno con una justicia equitativa y que respete la soberanía nacional.

Venezuela había ratificado el Estatuto de Roma en junio de 2000 durante el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013). La CPI ejerce jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales desde el 1 de julio de 2002.

La CPI es un tribunal de última instancia que investiga crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos graves, cuando los países no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad. El artículo 127 del Estatuto de Roma establece los pasos que un Estado miembro debe seguir si desea retirarse del tribunal, incluyendo la notificación al secretario general de la ONU, con el retiro entrando en vigor un año después de la recepción de dicha notificación. Sin embargo, anunciar la retirada no exime al país de sus obligaciones bajo el tratado.

El cierre de la oficina de la CPI en Caracas se debió a una falta de "progreso real" en la colaboración entre la fiscalía y el gobierno venezolano. La investigación de la CPI sobre la violencia que siguió a los comicios de 2017 permanece activa, aunque no se han emitido órdenes de detención hasta el momento.

El exfiscal jefe de la CPI, Karim Khan, había iniciado esta investigación tras una solicitud formal de varios países de la región en 2018. Sin embargo, su destitución el viernes marcó un hito en la historia del tribunal, siendo la primera vez que un fiscal jefe es removido de su puesto.

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