Un juez de EEUU revoca la cuota de 100.000 dólares para visas H-1B impuesta por Trump

BOSTON — Un juez federal ha anulado, en un fallo reciente, la cuota de 100.000 dólares que el gobierno de Donald Trump había impuesto para las nuevas visas H-1B, marcando un giro significativo en la política migratoria del país. Esta decisión contradice un fallo previo que había respaldado el incremento de la tarifa.

La administración estadounidense había justificado el establecimiento de esta alta cuota como un medio para proteger los empleos de los trabajadores estadounidenses, limitando así el acceso de extranjeros al mercado laboral.

El juez de distrito Leo Sorokin, con sede en Boston, dictó su fallo a favor de 20 estados que habían presentado una demanda, argumentando que el poder ejecutivo había excedido su autoridad y violado la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece cómo deben ser elaborados y emitidos los reglamentos por parte de las agencias federales.

"La corte concluye que la política impone un gravamen a las peticiones de visas H-1B sin la delegación necesaria por parte del Congreso", destacó Sorokin en su resolución.

Las visas H-1B son esenciales para la contratación de trabajadores altamente calificados, especialmente en sectores donde es complicado encontrar personal estadounidense. Las grandes empresas tecnológicas son las principales beneficiarias de este programa, y cerca del 75% de las visas otorgadas están destinadas a trabajadores provenientes de India. Los estados demandantes argumentaron que la política ya dificultaba la cobertura de vacantes en áreas críticas como la educación y la salud antes de la implementación de esta nueva tarifa.

Antes del anuncio de la nueva tarifa, la mayoría de las solicitudes de visa H-1B tenían un costo de varios miles de dólares. Sin embargo, la imposición de la cuota generó una gran incertidumbre entre empleadores, estudiantes y trabajadores tanto dentro como fuera de Estados Unidos, lo que dio lugar a diversas demandas judiciales.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos también presentó una demanda en un tribunal federal en Washington D.C. y apeló la denegación de un fallo sumario contra el aumento de la tarifa, lo que dejó la tarifa en vigor hasta al menos septiembre de 2026, cuando se espera que expire. Este fallo, sin embargo, también es un fallo sumario, pero en sentido opuesto. Otra demanda ha sido presentada en un tribunal federal en San Francisco por grupos religiosos y organizaciones laborales, lo que podría resultar en decisiones divergentes entre los circuitos de apelación.

Los estados sostuvieron que la política obstaculizaba su capacidad para contratar educadores y personal médico, lo que podría afectar gravemente la calidad de la educación y la atención médica en sus comunidades.

"La proclama hace diversas alusiones a objetivos de política económica interna para justificar la tarifa sin precedentes de 100.000 dólares", argumentaron los demandantes. "Pero la proclama no indica que el presidente haya considerado de algún modo cómo afectaría la tarifa a los estados demandantes y a su capacidad de brindar a sus residentes acceso a educación, atención médica y otras necesidades humanas básicas".

Un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional expresó su desacuerdo con "este flagrante activismo judicial que desmantela los históricos esfuerzos del presidente Trump por una reforma migratoria".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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