Un bufete asociado a Trump rechaza contrato para representar a niños migrantes en EE.UU.

McALLEN, Texas, EE.UU. — Un bufete de abogados de Texas, relacionado con el gobierno del expresidente Donald Trump, ha decidido no aceptar un contrato federal valorado en 150 millones de dólares destinado a representar a niños migrantes que ingresaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto. Esta decisión, comunicada el miércoles por las autoridades, plantea interrogantes sobre quién asumirá la representación legal de estos menores en el futuro.

La semana pasada, el gobierno había anunciado un plan para otorgar el contrato al Burke Law Group, un despacho con sede en Houston que posee escasa experiencia en temas de inmigración. La oferta se produce en un contexto en el que la Casa Blanca ha intensificado su campaña de deportaciones, tras dejar expirar un contrato que involucraba a cerca de 100 proveedores que trabajaban con niños inmigrantes a finales del mes pasado.

Actualmente, los menores que han llegado al país sin un adulto y están bajo custodia federal son representados temporalmente por otro grupo legal. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cómo se resolverá la situación una vez que el contrato actual finalice en diciembre.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) fue la entidad responsable de supervisar los contratos y emitió un comunicado en el que no ofreció detalles sobre las razones por las que Burke Law Group decidió no presentar su solicitud. "Burke Law Group declinó presentar una solicitud y no se le ha otorgado ninguna subvención", indicó la agencia, que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El bufete emitió un breve comunicado en redes sociales, señalando que había considerado la posibilidad de postularse para una "pequeña parte" del contrato, pero no aclaró los motivos de su decisión final.

La fundadora del Burke Law Group, Marcella Burke, tiene antecedentes como abogada en la Agencia de Protección Ambiental y en el Departamento del Interior durante el primer mandato de Trump. Su equipo incluye a Justin Shubow, un defensor de que los edificios federales sigan estilos arquitectónicos tradicionales, y al académico conservador Ilya Shapiro, quien figura como abogado principal.

Los niños migrantes que son detenidos al ingresar a Estados Unidos sin sus padres suelen estar bajo el cuidado del gobierno federal. El Congreso ha implementado diversas leyes para proteger sus derechos, incluida la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008, que exige que el gobierno les proporcione representación legal durante los procesos de deportación.

En la actualidad, aproximadamente 1.800 niños viven en albergues, mientras que cerca de 22.000 menores que enfrentan procesos de deportación residen con patrocinadores y familiares, según datos de proveedores de servicios legales cuyo contrato ha expirado. Un contrato temporal de 20 millones de dólares fue otorgado al Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes (USCRI), que comenzó a representar a niños en tribunales de inmigración la semana pasada, generando confusión entre jueces y abogados que aún brindan representación.

Algunos proveedores de asistencia legal han demandado al gobierno después de meses sin recibir pagos, y un juez federal de California ordenó recientemente que se emitan los pagos adeudados. La abogada Caelin Moriarity Miltko, que representa a los proveedores, argumentó que las nuevas medidas no son suficientes para cumplir con las órdenes del tribunal.

La situación sigue siendo crítica, y la incertidumbre sobre la representación legal de estos menores es motivo de preocupación para muchas organizaciones que abogan por sus derechos.

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