Nueva York demanda al gobierno por retención de fondos por licencias a inmigrantes

Nueva York ha llevado a cabo una demanda el pasado viernes para desafiar la decisión del Departamento de Transporte federal que retiene cerca de 74 millones de dólares en fondos destinados a carreteras. Esto se debe a que el estado se ha negado a revocar casi 33.000 licencias comerciales de conducir que han sido cuestionadas para inmigrantes, tras una auditoría que identificó problemas el año anterior.

Este litigio se suma a una acción similar realizada por California, donde se impugnan los intentos del secretario de Transporte, Sean Duffy, de endurecer las normas sobre la elegibilidad de inmigrantes para obtener licencias comerciales de conducir, asegurando que los estados cumplan con las regulaciones existentes.

Aunque el gobierno federal no ha hecho comentarios sobre la nueva demanda, se han expresado preocupaciones sobre las irregularidades detectadas en más de la mitad de las 200 licencias revisadas. Las autoridades encontraron fallas significativas, como licencias que continuaban vigentes mucho después de que el inmigrante no tuviera autorización para permanecer en el país. Según el Departamento de Transporte, el sistema computarizado de Nueva York emitía licencias válidas por un período de ocho años sin considerar la duración de la visa del conductor.

La situación se volvió más crítica tras un accidente en Florida en agosto, donde un camionero, que según Duffy no debía tener licencia, realizó un giro ilegal que resultó en la muerte de tres personas. Además, California ha enfrentado la pérdida de 200 millones de dólares por preocupaciones relacionadas con sus licencias comerciales para no domiciliados y el cumplimiento de los requisitos de idioma inglés para los camioneros. Otros estados, como Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte, han recibido advertencias sobre la posible pérdida de fondos.

Sin embargo, la mayoría de los estados han cumplido o están en conversaciones con la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, que ha estado revisando registros de licencias comerciales para no domiciliados en todos los estados.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, argumenta que el estado ha seguido todas las normativas vigentes al emitir las licencias y sostiene que no debería perder los 73,5 millones de dólares que el gobierno federal está reteniendo. Los funcionarios de Nueva York revisaron cada caso y concluyeron que todos los beneficiarios estaban autorizados a estar en el país al momento de recibir sus licencias. En enero, el estado comunicó esta información a las autoridades federales, y James considera injusto que se retengan fondos esenciales para la seguridad vial.

"Al cancelar estos fondos, el gobierno federal está poniendo en riesgo empleos y comunidades. Los neoyorquinos dependen de estas inversiones, y no permitiremos que el presidente ponga en peligro la seguridad de nuestras comunidades", expresó James.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, añadió que auditorías realizadas durante la administración de Trump confirmaron el cumplimiento del estado con las regulaciones federales. Sin embargo, Duffy ha adoptado un enfoque más estricto en la actual administración. "Una vez más, Nueva York enfrenta recortes federales devastadores por represalias políticas", afirmó Hochul. "Retirar fondos destinados a mejoras críticas de seguridad en nuestras carreteras es temerario e ilegal".

Además de intentar eliminar de las carreteras a conductores no calificados, Duffy ha liderado un esfuerzo para abordar la problemática de las escuelas de conducción de camiones cuestionables y perseguir a las empresas de transporte que incumplen las normativas y cambian de nombre para seguir operando. La administración anterior había anunciado que comenzaría a hacer cumplir las reglas que exigen a los camioneros hablar inglés con fluidez, habilidad que puede ser crucial en situaciones de tráfico o accidentes para asegurar una adecuada comunicación con las autoridades.

Grupos de la industria del transporte por camión han respaldado estas iniciativas, afirmando que muchos conductores no calificados han logrado obtener licencias, lo que representa un riesgo para la seguridad de todos en las autopistas. Esto también afecta los salarios de los conductores, ya que las empresas pueden optar por contratar inmigrantes a bajo costo.

Los inmigrantes constituyen aproximadamente el 20% de todos los camioneros, pero las licencias para no domiciliados que pueden obtener solo representan el 5% del total de licencias comerciales, alrededor de 200.000 conductores. Por esta razón, grupos de inmigrantes consideran que muchos conductores están siendo injustamente señalados. La atención ha estado centrada en los camioneros sijs, ya que tanto el conductor del accidente en Florida como el de otro incidente mortal en California eran de esta comunidad. Varios grupos han presentado demandas contra el plan de California para revocar aproximadamente 20.000 licencias comerciales.

El otoño pasado, el Departamento de Transporte propuso nuevas restricciones de emergencia que limitarían severamente la capacidad de no ciudadanos para obtener licencias, pero un tribunal suspendió las nuevas normas por no haber seguido los procedimientos de revisión necesarios. En respuesta, Duffy anunció en febrero una nueva regla final que endurece las restricciones sobre qué inmigrantes pueden calificar para una licencia comercial. Según estas nuevas normas, solo los titulares de visas H-2a, H-2b o E-2 podrán obtener una licencia. La H-2a es para trabajadores agrícolas temporales, la H-2b para trabajadores temporales no agrícolas y la E-2 para quienes realizan inversiones sustanciales en un negocio en Estados Unidos.

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