Nayib Bukele critica a ONG y activistas por defensa de pandilleros detenidos

SAN SALVADOR — El presidente salvadoreño Nayib Bukele lanzó un fuerte ataque el domingo contra activistas y organizaciones no gubernamentales que critican sus políticas de seguridad. Según Bukele, estas entidades buscan liberar a todos los pandilleros arrestados desde que se implementó el régimen de excepción en marzo de 2022.

Las afirmaciones del mandatario surgieron tras la presentación de un informe por un grupo de juristas internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este documento alega que se han cometido crímenes de lesa humanidad en El Salvador durante la prolongada aplicación del régimen de excepción, que ha permitido la detención masiva de personas.

En su cuenta de la red social X, Bukele destacó que el informe sostiene que el 100% de las detenciones realizadas bajo este régimen son arbitrarias, lo que, según él, obligaría al Estado a liberar a todos los detenidos. "Si se acepta que el 100% de las detenciones son arbitrarias, todo Estado estaría obligado automáticamente a liberar al 100% de detenidos", explicó el presidente.

Además, Bukele subrayó que nadie, ni siquiera quienes se autodenominan defensores de los derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener a alguien en prisión si su detención es considerada arbitraria. El presidente también mencionó que el grupo de juristas afirma que las detenciones se han realizado sin las mínimas garantías y sin el debido proceso, lo que también podría justificar la liberación de los detenidos.

El informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) sostiene que existen motivos razonables para creer que durante este periodo se han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos y desapariciones forzadas.

Desde la implementación del régimen de excepción, se han registrado más de 89.000 detenciones, muchas de las cuales se han llevado a cabo sin el debido proceso. Hasta febrero de 2025, se reportaron 540 casos de desapariciones forzadas y 403 muertes bajo custodia del Estado, lo que incluye a cuatro menores.

El GIPES también resalta que hay responsabilidad internacional, no solo del Estado salvadoreño, sino también de individuos, de acuerdo con los principios del derecho penal internacional. En respuesta a la creciente violencia de pandillas que afecta al 90% del país, el Congreso salvadoreño aprobó el régimen de excepción que suspende derechos fundamentales y permite a las fuerzas de seguridad actuar sin orden judicial.

Este régimen ha permitido que las autoridades realicen detenciones sin informar a los arrestados sobre las razones de su captura y ha extendido el tiempo de detención sin audiencia de 72 horas a 15 días. Además, se modificaron leyes para considerar la pertenencia a pandillas como un delito, estableciendo penas de hasta 60 años para los líderes de estas organizaciones.

Desde su implementación, las autoridades han informado sobre la captura de 91.300 personas acusadas de tener vínculos con pandillas, aunque Bukele ha afirmado que 8.000 de ellos eran inocentes y han sido liberados.

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