La Fiscalía de Guatemala admite ante la CIDH la cooptación por grupos de poder

CIUDAD DE GUATEMALA — En una reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Fiscalía General de Guatemala admitió que, en los últimos años, su funcionamiento fue afectado por grupos de poder que perseguían garantizar impunidad en casos de corrupción. Este fenómeno fue especialmente notorio durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras.

El secretario general de la Fiscalía, Edwin Santiago Chavajay, expuso que estos grupos no solo atacaron a funcionarios judiciales, sino también a periodistas, defensores de derechos humanos y autoridades indígenas. Además, intentaron "desconocer las elecciones del país y la legitimidad del gobierno democráticamente electo" en 2023, contando con la complicidad de algunos magistrados y jueces.

La salida de Porras en mayo de este año, tras ocho años en el cargo, abrió un nuevo capítulo en la Fiscalía. El presidente Bernardo Arévalo designó a Gabriel García Luna como nuevo fiscal general, quien ha manifestado su intención de distanciarse de las prácticas de su predecesora.

Las declaraciones de Chavajay fueron el resultado de una audiencia solicitada por diversas organizaciones guatemaltecas, que exigieron a la CIDH que el Estado guatemalteco proporcionara explicaciones sobre el estado de la Fiscalía. Este organismo, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y tiene su sede en Washington, es responsable de promover la defensa de los derechos humanos en la región.

Durante su intervención, Chavajay mencionó acciones ilegales como la presentación de múltiples denuncias por el mismo hecho contra una sola persona, procesos judiciales con cargos infundados y desproporcionados, así como el uso abusivo de la prisión preventiva. También destacó el uso desmedido de la reserva de los casos, lo que dificultó el acceso a la defensa en los procesos judiciales.

Las organizaciones que solicitaron la audiencia también expresaron su preocupación por la cooptación del Poder Judicial en su conjunto, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, por parte de grupos con intereses específicos.

En un intento por rectificar el rumbo, la Fiscalía anunció que participará en la implementación de un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado y la migración, un tema que había sido descuidado durante años y que recayó en la labor de familiares de las víctimas.

La comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, aseguró que el organismo continuará supervisando las acciones de la Fiscalía y del Estado guatemalteco en relación con los derechos humanos y la justicia.

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