Keiko Fujimori inicia su mandato en Perú con la meta de estabilizar el país y combatir la delincuencia

LIMA — La conservadora Keiko Fujimori toma posesión de la presidencia del Perú este martes, enfrentando el reto de estabilizar un país que ha atravesado una década de crisis política y un aumento significativo de la criminalidad.

Hija del exmandatario Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000 y falleció en 2024 tras cumplir condena por corrupción y asesinato, Keiko regresa al palacio presidencial más de 25 años después de haber sido primera dama. Asume el cargo tras imponerse en un reñido balotaje en junio contra el progresista Roberto Sánchez, donde los votos en el extranjero jugaron un papel crucial en su victoria.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la nueva presidenta es el combate a la delincuencia organizada, especialmente en un contexto donde las extorsiones han proliferado en todo el país. Según datos oficiales, las denuncias de extorsión pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025.

La situación se ha vuelto crítica para los pequeños negocios, que son amenazados con ataques violentos y han visto cómo la vida de 239 transportistas, en su mayoría mototaxistas de áreas vulnerables, se ha perdido en 2025.

La oposición ha solicitado a Fujimori la derogación de leyes aprobadas por el anterior Parlamento, controlado por el fujimorismo, que limitan la capacidad del gobierno para luchar contra el crimen organizado. Estas leyes han eliminado la posibilidad de detención preventiva en casos no flagrantes y han dificultado la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los fiscales.

Durante su campaña, Fujimori prometió adoptar una política de "mano dura" contra el crimen, similar a la del presidente salvadoreño Nayib Bukele. También ha manifestado su intención de construir una prisión similar a la salvadoreña y de implementar jueces con el rostro cubierto, tal como se hizo en la administración de su padre.

La oposición también ha instado a la presidenta a establecer una comisión que investigue las muertes de 50 civiles a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas que exigieron nuevas elecciones en 2022 y 2023, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.

Los familiares de las víctimas han expresado su rechazo a Fujimori como presidenta y planean protestar durante su toma de posesión. Milagros Samillán, hermana de uno de los civiles fallecidos, ha declarado que consideran a Fujimori responsable de proteger a la exmandataria Dina Boluarte, su sucesora, y la acusan de ser "la hija de un dictador" que violó derechos humanos.

En medio de la inestabilidad política que ha caracterizado al país, Fujimori asume el cargo en un contexto donde la economía ha mostrado signos de crecimiento, impulsada por la exportación de minerales, lo que le otorga un marco favorable para implementar sus políticas.

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