Jueza declara en desacato al gobierno de Trump por retener datos de agentes migratorios

Una jueza federal ha declarado en desacato al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por su demora en cumplir con la orden de crear copias digitales de las comunicaciones de teléfonos celulares personales utilizados por agentes de inmigración durante operativos en el área de Los Ángeles el año pasado.

La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, había ordenado en enero que el gobierno federal acelerara la obtención de imágenes forenses de los teléfonos de más de 800 agentes implicados en controvertidas redadas migratorias en Los Ángeles, que tuvieron lugar en 2025.

Como parte de esta resolución, la jueza impuso una multa de 500 dólares diarios al gobierno federal hasta que se cumpla la orden. Además, ordenó que se reembolsen los costos legales a los abogados de los demandantes por la obtención de los registros necesarios.

Abogados del DHS admitieron ante el tribunal en junio que no habían proporcionado los registros solicitados. Informaron a la jueza que estaban procesando los dispositivos a un ritmo de tres teléfonos cada dos semanas, lo que, según los demandantes, significaría que el proceso podría extenderse por casi cuatro años.

Los abogados que representan a los inmigrantes involucrados en el operativo en Los Ángeles argumentan que los teléfonos podrían contener evidencia de racismo por parte de los agentes federales.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) había escrito a la jueza en mayo, afirmando que el DHS había "frustrado" su orden al demorar la obtención de imágenes de los teléfonos celulares emitidos por el gobierno y al desafiar abiertamente la orden respecto a los teléfonos personales de los agentes.

El mes pasado, los abogados de la ACLU solicitaron a la jueza que emitiera otra orden prohibiendo a los agentes detener a personas basándose en su raza. Citaron mensajes de texto y grabaciones de cámaras corporales donde los agentes usaban insultos raciales, incluyendo "wet" y "tonks", para identificar a latinos de clase trabajadora, según documentos judiciales.

"No solo los agentes federales están violando la Constitución en las calles, el gobierno está violando órdenes judiciales al retener intencionalmente evidencia crítica sobre sus operaciones de control migratorio", declaró Mayra Joachin, de la ACLU del Sur de California.

El DHS no ha respondido a las consultas sobre si el uso de la palabra "tonks" por parte de los agentes infringe su política.

La agencia emitió un comunicado tras la orden de Frimpong, que es similar a otro que había difundido la semana pasada tras un desarrollo distinto en el caso. En él se afirma que "nuestros agentes están enfocados en proteger al pueblo estadounidense, no en entretener una indignación performativa". Además, cuestionan "¿Dónde está la indignación de los medios por las familias Angel que perdieron a un ser querido por un delito cometido por un extranjero ilegal?"

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