Gobierno de Bolivia y sindicatos llegan a un acuerdo que pone fin a protestas y cortes carreteros

LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno de Bolivia alcanzó el domingo un acuerdo con los sindicatos para poner fin a las protestas y bloqueos carreteros que paralizaron el país durante cinco días en rechazo a los ajustes económicos que decretó el presidente Rodrigo Paz.

La eliminación del subsidio a los combustibles —que han elevado las tarifas del transporte—, el aumento salarial y los bonos sociales compensatorios se mantendrán, pero otras disposiciones como el recorte de gastos y la contratación de créditos de apertura a inversiones extranjeras quedarán sujetas a evaluación y ajustes, indicó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, después de su encuentro con la Central Obrera Boliviana (COB).

Por su parte, el principal dirigente de la COB, Mario Argollo, exigió a sus bases que pongan fin a los cortes carreteros que han paralizado ocho de las nueve regiones del país, dejando varados a miles de vehículos y pasajeros.

"Hay gente en las carreteras que está sufriendo", dijo Argollo.

Paz eliminó el subsidio a los combustibles que importa el país para su consumo interno y decretó un aumento de más del 100 por ciento en el precio de la gasolina y el diésel, lo que elevó el costo de vida. No obstante, la medida no provocó un estallido social y más bien ayudó a dejar atrás la escasez crónica de combustibles y las kilométricas filas en las estaciones de servicio.

En los primeros 20 días de aplicación, el ahorro fue de 240 millones de dólares, destacó Lupo. La subvención, que se había mantenido por más de 20 años en los gobiernos de izquierda de Evo Morales y Luis Arce, provocó una sangría económica de más de 2.000 millones de dólares al año, según las autoridades, lo que agravó la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Los sindicatos calificaron el plan del gobierno de "entreguista", debido a que también permitía la "aprobación expedita" de "inversiones estratégicas" en minería, hidrocarburos y litio, sin el aval de la Asamblea Legislativa, en la que el gobierno de Paz no cuenta con una mayoría sólida.

El plan también otorga "facultades excepcionales" al Banco Central para negociar préstamos y créditos sin fiscalización legislativa. Esas y otras disposiciones serán eliminadas y ajustadas, explicaron Lupo y Argollo.

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