El Parlamento de Perú archiva tres denuncias contra la presidenta Boluarte

LIMA (AP) — El viernes, una comisión del Parlamento peruano decidió archivar tres denuncias constitucionales por el delito de asesinato contra la presidenta Dina Boluarte, relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas que exigían su renuncia desde hace más de dos años.

Desde su llegada al poder en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, Boluarte se enfrentó a una ola de protestas en el sur de Perú que resultaron en la muerte de 50 civiles, más de la mitad por disparos de armas de fuego, según las autopsias practicadas.

Relatos de organismos como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que las fuerzas de seguridad del país violentaron derechos humanos, utilizaron armas de fuego y torturaron a manifestantes durante las protestas, que se desarrollaron hasta marzo de 2023.

En respuesta a estos hechos, legisladores opositores presentaron las denuncias por asesinato. Sin embargo, la comisión que se encargó de evaluar las acusaciones determinó que no había “una relación directa” entre los hechos ocurridos y Boluarte.

A pesar del archivo, la mandataria enfrenta otra denuncia por asesinato que fue remitida al Parlamento por la fiscalía, además de presuntas responsabilidades en las lesiones de 75 manifestantes. También se le han formulado acusaciones por abandono del cargo, enriquecimiento ilícito y colusión durante su administración desde 2022.

Aunque carece de bancada parlamentaria y su popularidad es escasa según las encuestas, su gobierno recibe apoyo de los partidos Fuerza Popular, liderado por la conservadora Keiko Fujimori, y Alianza para el Progreso, del gobernador de La Libertad, César Acuña.

En Perú, los presidentes disfrutan de inmunidad hasta cinco años después de dejar el cargo. Cuando la fiscalía presenta una denuncia ante el Parlamento, este puede autorizar que el presidente sea juzgado por la Corte Suprema una vez terminado su mandato.

Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Castillo, quien había intentado disolver el Congreso para evitar su remoción y continuar gobernando por decreto. Boluarte ocupaba el cargo de vicepresidenta antes de su ascenso. Castillo, por su parte, se encuentra en prisión preventiva, bajo una investigación por corrupción y enjuiciado por rebelión.

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