El juez detiene ley de Texas que permitiría arrestar inmigrantes sospechosos

Una ley en Texas que habilitaría a las fuerzas policiales estatales y locales para arrestar a individuos sospechosos de haber cruzado la frontera de manera ilegal quedó nuevamente suspendida el viernes, justo un día antes de su implementación.

El Proyecto de Ley Senatorial 4, conocido como SB 4, que fue aprobado en 2023, clasifica los cruces ilegales entre México y Texas como un delito estatal. Este proyecto también estipula que los jueces deben ordenar a aquellos que sean arrestados por entrada ilegal que salgan del país hacia México si son condenados, en lugar de ser procesados judicialmente.

Organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda a principios de este mes, argumentando que ciertos aspectos de la ley son inconstitucionales, ya que invaden la autoridad exclusiva del gobierno federal en materia de inmigración. Además, cuestionaron la disposición que establece el delito estatal, señalando que no ofrece defensa a quienes tienen permiso federal para ingresar al país o a aquellos con un estatus migratorio pendiente, como las tarjetas de residencia permanente.

El juez federal de distrito David Alan Ezra emitió el jueves una orden judicial preliminar en contra de las secciones impugnadas de la ley. Durante una audiencia, el juez, designado por Reagan, dejó entrever que consideraba tales disposiciones inconstitucionales.

"Es inverosímil pensar que cada uno de los cincuenta estados de Estados Unidos tenga su propia política migratoria que contradiga las facultades inherentes del país como nación", subrayó Ezra en su fallo.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto con su filial en Texas y el Texas Civil Rights Project, aplaudieron la decisión, afirmando que reafirma que las leyes de inmigración no son competencia de los estados y que el SB 4 podría llevar a un aumento del perfilamiento racial.

"Texas no puede ignorar la Constitución federal y debería cesar sus intentos de hacerlo", afirmaron los grupos en un comunicado.

La oficina del fiscal general estatal, Ken Paxton, no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el caso.

Esta demanda se presentó tras una decisión del Tribunal Federal de Apelaciones del 5º Circuito que desestimó una impugnación anterior contra el SB 4, presentada por inmigrantes y organizaciones que trabajan con ellos. Sin embargo, el tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley, sino que desechó el caso argumentando que los demandantes carecían de legitimación para demandar.

Los líderes de Texas, que consideraron la decisión del tribunal de apelaciones como un triunfo para la seguridad pública, defienden la validez del SB 4, argumentando que refleja la ley federal de inmigración y que el estado tiene el derecho soberano de proteger sus fronteras. En 2023, durante la propuesta de la ley, se registraron cruces ilegales en niveles récord, que, según funcionarios, se asemejaban a una invasión. Sin embargo, esas cifras han disminuido drásticamente desde entonces.

Durante la audiencia, David Bryant, de la oficina del fiscal general, no indicó que el estado abandonara el argumento de la invasión, aunque reconoció el descenso en el ritmo de los cruces ilegales. Sin embargo, afirmó que el caso debía ser desestimado porque el SB 4 no había entrado en vigor y porque el director del Departamento de Seguridad Pública, Freeman Martin, el único mencionado en la demanda, no había decidido cómo haría cumplir la ley.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Pública y diversas agencias del orden en Texas ya se han asociado con agentes federales de inmigración a través del programa 287(g), que permite a los agentes interrogar a personas sobre su estatus migratorio durante operaciones de vigilancia rutinarias.

Esta historia fue originalmente publicada por The Texas Tribune y distribuida a través de una colaboración con The Associated Press.

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