El fin del subsidio al diésel en Bolivia genera protestas y tensión social

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Transportistas, sindicatos y organizaciones sociales de Bolivia han anunciado movilizaciones en respuesta al aumento del precio de los combustibles, tras la eliminación de la subvención gubernamental al diésel, decretada el 19 de septiembre. Esta medida ya está impactando en las tarifas del transporte y en los precios de diversos productos.

El presidente Rodrigo Paz Pereira comunicó la decisión a través del Decreto Supremo 5716 en la medianoche del viernes, que pone fin al esquema de subsidios y establece un nuevo precio de referencia para el diésel.

La administración argumenta que la eliminación del subsidio es parte de un programa diseñado para abordar la crisis económica, reducir el impacto fiscal de los combustibles y mejorar el abastecimiento, después de meses de escasez.

La Central Obrera Boliviana (COB) ha rechazado esta medida, que varios sectores han comenzado a llamar "dieselazo", y ha convocado a un ampliado nacional de emergencia para discutir posibles acciones. La central sindical advierte que esta decisión representa un duro golpe a la economía popular, compromete la estabilidad de las familias trabajadoras y podría desencadenar un aumento inflacionario que afecte el costo de la canasta básica y los medios de vida.

En su pronunciamiento, la COB indicó que "en uso de sus atribuciones orgánicas y estatutarias, convoca de manera inmediata a un ampliado nacional de emergencia, con la participación de todas las Confederaciones, Federaciones Nacionales, Centrales Obreras Departamentales (COD's) y Regionales (COR's) para evaluar la coyuntura, escuchar la posición orgánica de los sectores afiliados y definir las medidas de lucha que correspondan".

Por su parte, los conductores y operadores de transporte se reunirán mañana en Santa Cruz para definir acciones contra el decreto. Lucio Gómez, dirigente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, confirmó que el sector se encuentra en estado de emergencia: "Estamos declarados en emergencia, pero el día de mañana se tomarán las decisiones claras, cuál va a ser el accionar y el camino del transporte boliviano", declaró en conferencia de prensa.

El sector del transporte fue uno de los primeros en sentir el impacto, ya que el aumento del combustible ha elevado los costos de operación de camiones y autobuses, lo que podría traducirse en incrementos en pasajes y fletes.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que el efecto de esta medida puede extenderse a toda la economía, dado el incremento en el costo del transporte y el posible traslado de estos costos a los precios en los mercados. El diésel es fundamental para el movimiento de mercancías, la producción agropecuaria y numerosas actividades productivas; su encarecimiento podría afectar el abastecimiento y el costo de alimentos y otros bienes esenciales.

El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, expresó su preocupación por las repercusiones sociales y económicas: "Entendemos que el Estado debe atender desafíos económicos; sin embargo, cualquier política pública debe tener presente la preservación de los derechos a la alimentación, al trabajo, a la salud y a la educación".

En el ámbito político, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, vinculadas al expresidente Evo Morales, también se han declarado en emergencia y han anunciado nuevas estrategias de movilización, ampliando el frente de rechazo a la medida.

El Gobierno sostiene que la eliminación de la subvención puede aliviar una de las mayores cargas del sistema energético y corregir las distorsiones causadas por la venta del combustible a un precio inferior al de su costo de importación. Sin embargo, los sectores sociales y sindicales consideran que este ajuste tiene un impacto directo sobre transportistas, productores, comerciantes y consumidores, y amenaza con profundizar la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Agencia NA

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