Denuncias de irregularidades en investigaciones sobre antisemitismo en universidades estadounidenses
Una exabogada del Departamento de Justicia sostiene que las investigaciones sobre antisemitismo en universidades de EE.UU. fueron apresuradas y no encontraron pruebas de infracciones legales, revelando presiones políticas en el proceso.
FOTO: Denunciante: Pesquisas sobre antisemitismo en universidades de EEUU fueron apresuradas e incompletas
WASHINGTON — Un grupo creado por el gobierno de Donald Trump para combatir el antisemitismo ha sido acusado de presionar a universidades para que acepten acuerdos, a pesar de que las investigaciones gubernamentales fueron apresuradas y carecieron de fundamento legal, según una denuncia presentada por una exabogada del Departamento de Justicia.
La queja detalla que las investigaciones dirigidas a algunas de las universidades más prestigiosas del país estaban diseñadas para obligar a las instituciones a aceptar acuerdos por razones políticas. Se afirma que los resultados de estas investigaciones estaban "predeterminados, sin considerar las evidencias" en un "esfuerzo político" para obtener financiamiento de las universidades bajo la justificación de erradicar el antisemitismo.
El grupo interinstitucional, que inició su labor bajo la dirección de la exsecretaria Pam Bondi en febrero de 2025, ha sido descrito como marcado por "irregularidades procesales extraordinarias, resultados predeterminados sin respaldo fáctico o legal", así como un desprecio hacia la ley y la Constitución, según los abogados de la exfuncionaria.
Esta denuncia se enmarca en un debate más amplio sobre las acciones del gobierno para abordar las denuncias de antisemitismo en universidades, un tema que ha cobrado relevancia nuevamente en el contexto de las protestas en los campus por la guerra en Gaza, donde varios estudiantes judíos han expresado sentirse inseguros. Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca prometiendo erradicar el antisemitismo, responsabilizando al gobierno de Joe Biden, pero críticos han señalado que esta respuesta ha sido excesiva, comprometiendo la libertad de expresión y forzando concesiones de instituciones públicas.
Legislador demócrata difunde las denuncias
Los abogados de la exabogada, identificada como Haley Van Erem, presentaron la queja ante las oficinas de los inspectores generales del Departamento de Justicia y del Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como ante la Oficina del Asesor Especial.
Van Erem trabajó casi diez años en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia antes de ser asignada al grupo el año pasado.
De acuerdo con la denuncia, Van Erem dejó su puesto en mayo de 2025 porque no quería verse implicada en investigaciones que consideraba motivadas políticamente y contrarias a la ley, alegando que el grupo también había dirigido sus esfuerzos contra profesores musulmanes.
El representante Jamie Raskin, demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, se pronunció al respecto, enviando una carta a Harmeet Dhillon, directora de la División de Derechos Civiles, subrayando que el antisemitismo en universidades es un problema que debe ser investigado. Sin embargo, Raskin critica que la "investigación" sobre el antisemitismo fue una operación de montaje de carácter político, destinada a hostigar a docentes y administradores, limitando su libertad académica y despojando a las instituciones de financiación ya concedida.
Escrutinio sobre el manejo de investigaciones en universidades
La denuncia se centra en investigaciones realizadas en tres universidades: Brown, Harvard y Columbia. En el caso de Brown, el equipo investigador no encontró pruebas de violación del Título VI, que prohíbe la discriminación en programas financiados por el gobierno federal, pero la dirección de la universidad se negó a emitir un aviso de no infracción y buscó un acuerdo a pesar de reconocer la falta de base legal.
En el caso de Columbia, aunque se hallaron indicios de discriminación, la investigación fue acelerada y careció de un desarrollo fáctico adecuado, basándose en acusaciones sin fundamento. La universidad finalmente aceptó pagar 200 millones de dólares al gobierno como parte de un acuerdo que restableció su acceso a fondos federales.
Por su parte, la Universidad de Harvard se vio envuelta en discusiones sobre "congelamientos de fondos" y acuerdos propuestos antes de que se completara una investigación que pudiera establecer violaciones. Un asesor legal del gobierno expresó su creencia de que Harvard llegaría a un acuerdo debido a la presión que enfrentaba.
Un juez federal ya había ordenado al gobierno revertir recortes de más de 2.600 millones de dólares en financiación para investigación universitaria, argumentando que el gobierno utilizó el antisemitismo como un pretexto para llevar a cabo un ataque ideológico selectivo contra las universidades. Además, recientemente se desestimó una demanda del gobierno contra Harvard que acusaba a la institución de no actuar ante el acoso a estudiantes judíos.
Lectura rápida
¿Qué denunció la exabogada del Departamento de Justicia?
Se alegó que las investigaciones sobre antisemitismo en universidades fueron apresuradas e incompletas, y que hubo presiones políticas para forzar acuerdos.
¿Quién es Haley Van Erem?
Es la exabogada del Departamento de Justicia que presentó la denuncia sobre irregularidades en las investigaciones de antisemitismo.
¿Qué universidades están en el centro de la denuncia?
Las investigaciones se centraron en Brown, Harvard y Columbia.
¿Qué consecuencias enfrentaron las universidades?
Columbia acordó pagar 200 millones de dólares y Brown 50 millones para poner fin a las investigaciones, a pesar de no haber hallazgos de conducta indebida.
¿Qué dijo un juez federal sobre el caso?
Un juez ordenó revertir recortes de financiación, indicando que el gobierno usó el antisemitismo como cortina de humo para atacar a las universidades.
[Fuente: AP]
