Comunidades de EE.UU. rechazan la expansión de centros de detención del ICE

SOCORRO, Texas, EE.UU. — En un pequeño pueblo texano situado junto al río Bravo, conocido como río Grande en EE.UU., comenzaron a surgir rumores sobre la intención de las autoridades federales de inmigración de adquirir tres grandes almacenes para convertirlos en un centro de detención. Ante la incertidumbre, las autoridades locales se movilizaron y descubrieron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había acordado la compra por 122,8 millones de dólares de estas instalaciones, que suman un total de 76.738 metros cuadrados (826.000 pies cuadrados) en Socorro, una comunidad con alrededor de 40.000 habitantes ubicada a las afueras de El Paso.

El alcalde Rudy Cruz Jr., quien representa a esta mayoría hispana, expresó su descontento: "Ningún funcionario del gobierno federal se molestó en levantarnos el teléfono o enviarnos algún tipo de correspondencia para avisarnos de lo que está a punto de suceder". En Socorro, donde coexisten viviendas modestas con comercios y centros de reciclaje, la comunidad se siente ignorada ante la inminente llegada de estas instalaciones de detención.

La situación en Socorro no es aislada. Al menos 20 comunidades en EE.UU. se han visto afectadas por la expansión de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha llevado a cabo una inversión de 45.000 millones de dólares. Con el apoyo público hacia las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump disminuyendo, la oposición en estas localidades se ha intensificado.

Los habitantes temen que estas instalaciones no solo impacten negativamente el suministro de agua y otros servicios esenciales, sino que también puedan afectar la economía local. En muchos casos, los funcionarios locales se enteran de los planes del ICE solo después de que las compras ya se han concretado, lo que genera sorpresa y frustración, incluso en áreas que históricamente han respaldado a Trump.

"Yo siento", comentó Cruz, cuya esposa es originaria de México, "que hacen estas cosas en silencio para que no haya oposición".

El ICE, que forma parte del DHS, ha adquirido al menos siete almacenes en estados como Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas. Aunque el DHS se opone a que se les llame "almacenes", enfatiza que se transformarán en "instalaciones de detención muy bien estructuradas". Sin embargo, el proceso ha estado marcado por la falta de transparencia y por errores en las comunicaciones del ICE, como cuando anunciaron compras en Chester, Nueva York, y Roxbury, Nueva Jersey, que posteriormente fueron desmentidas.

El DHS ha confirmado que busca más espacio de detención, pero no ha revelado los sitios específicos antes de las adquisiciones. Algunas comunidades se han enterado de los planes a través de reportes periodísticos o documentos filtrados por activistas. Fue solo el 13 de febrero que se hizo evidente el alcance del proyecto de almacenes, cuando el gobernador de Nueva Hampshire divulgó un documento que indicaba que el ICE planea gastar 38.300 millones de dólares para aumentar su capacidad de detención a 92.000 camas.

Desde la llegada de Trump al poder, el número de detenidos por el ICE ha crecido a 75.000, en comparación con 40.000 en el pasado, distribuidos en más de 225 sitios. El ICE prevé utilizar los almacenes adquiridos para consolidar operaciones y expandir su capacidad, incluyendo planes para ocho centros de detención a gran escala, cada uno con capacidad para albergar entre 7.000 y 10.000 detenidos.

La instalación en Socorro se destaca por su tamaño, ya que podría albergar 4 1/2 supermercados Walmart, lo que contrasta con la arquitectura colonial del pueblo. Durante una reciente reunión del Concejo Municipal, los ciudadanos expresaron su preocupación por la posibilidad de que personas inocentes queden atrapadas en las redadas del ICE, citando también tres muertes recientes en una instalación cercana en la base militar de Fort Bliss.

El clima de sorpresa y descontento se repite en otras localidades, como en el condado de Berks en Pensilvania, donde el comisionado Christian Leinbach se mostró alarmado al enterarse de la compra de un almacén por parte del ICE, la cual podría resultar en la pérdida de más de 800.000 dólares en ingresos fiscales. En Social Circle, Georgia, los funcionarios se enteraron de un proyecto de detención que podría albergar entre 7.500 y 10.000 personas, lo que representa el doble de la población de la ciudad.

En Surprise, un suburbio de Phoenix, las autoridades enviaron una carta de protesta al DHS tras la compra de un almacén en una zona residencial cercana a una escuela secundaria. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, consideró la posibilidad de tomar acciones legales para declarar el sitio como una molestia pública.

De regreso en Socorro, las reuniones del Concejo Municipal se llenan de ciudadanos que se oponen a la instalación del ICE, algunos de ellos en pie junto a murales que homenajean el Programa Bracero, que permitió la entrada de trabajadores mexicanos en EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial. Eduardo Castillo, un exabogado del Departamento de Justicia, les aseguró a los funcionarios que impugnar al gobierno federal es intimidante, pero no imposible. "Si no lo intentan", advirtió, "terminarán con otra instalación de detención inhumana construida en su jurisdicción y bajo su vigilancia".

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