Bolivia enfrenta protestas por el aumento del diésel, condicionado por el FMI

LA PAZ, Bolivia — El gobierno boliviano anunció el jueves que el aumento del 84% en el precio del diésel para grandes compradores es una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito significativo, en medio de crecientes protestas y solicitudes para revertir esta decisión.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó en una reunión con alcaldes que el FMI ha establecido la liberación de precios de los hidrocarburos como un "condicionamiento" para acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares. Este respaldo internacional es parte de un intento del gobierno por implementar reformas económicas necesarias para superar la crisis más grave en 40 años.

La semana pasada, el gobierno boliviano decretó un incremento del precio del diésel, que pasó de 0,85 a 1,56 dólares por litro, aplicándose a empresas corporativas, exportadores, compañías mineras y la gran industria, mientras que la gasolina no sufrió modificaciones.

La escasez persistente de este combustible ha generado largas filas en las estaciones de servicio, provocando el rechazo de alcaldes y productores agrícolas, quienes han demandado la anulación del decreto por el impacto económico que genera.

En un contexto de tensión, la policía boliviana ha tratado de despejar la ruta entre las regiones orientales de Santa Cruz y Beni, donde los productores de arroz han establecido bloqueos en protesta contra el aumento del diésel, desafiando el estado de excepción impuesto tras las manifestaciones de 53 días que afectaron a La Paz y El Alto entre mayo y junio.

Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para intentar liberar el paso a decenas de vehículos que estaban varados debido a los bloqueos.

Los alcaldes presentes en la reunión pidieron al presidente Rodrigo Paz la anulación del decreto, a lo que este respondió que en la actual coyuntura no se pueden aplicar medidas con "anestesia", dada la complejidad de la situación económica. "Si Rodrigo Paz mañana está o no está, es lo de menos, el que venga igual va a tener que tomar la misma decisión", enfatizó.

Aramayo agregó que "no es sostenible que el Estado financie una partida que ha tenido un componente de corrupción muy grande… y está desangrando el Tesoro General del Estado".

Los productores de soja y arroz de Yapacaní, en Santa Cruz, han dado un plazo hasta el viernes para que el gobierno anule la medida, advirtiendo que instalarán puntos de bloqueo si no se cumple su demanda.

Por su parte, Klauss Frerking, de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), afirmó que el decreto no ha solucionado el problema de desabastecimiento, sino que ha creado un mercado paralelo con altos costos para los productores.

El gobierno justifica que el aumento se debe a que Bolivia importa la mayor parte del diésel que consume, y mantener subsidios para todos los sectores se ha vuelto financieramente inviable. Cobrar un precio real a las grandes industrias busca aliviar la presión sobre las finanzas del Estado.

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