Fuerte revés judicial para los antivacunas

En un detallado fallo, el fiscal Guillermo González decidió archivar la denuncia penal que una docente y un abogado habían presentado en febrero último, en medio de la ola por el avance de la variante ómicron, contra funcionarios del Gobierno de Córdoba y, en especial, del Ministerio de Salud de la Provincia.

En síntesis, se trata de los denominados "antivacunas": no sólo que se negaban a recibir alguna dosis para contrarrestar el Covid, sino que también negaban el uso del barbijo, las restricciones y comparaban a la emergencia sanitaria con los campos de concentración del nazismo. Sin eufemismos.

En ese punto, los denunciantes solicitaban la suspensión de la vacunación, a la que definían como un "experimento".

"El Código de Nüremberg del 20 de agosto de 1947, producto del juicio de Nüremberg (agosto 1945 a octubre 1946), en el que, junto con la jerarquía nazi, resultaron condenados varios médicos por gravísimos atropellos a los derechos humanos, recomienda que: I. Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. V. Ningún experimento debe ser ejecutado cuando existan razones a priori para creer que pueda ocurrir la muerte o un daño grave, excepto, quizás en aquellos experimentos en los cuales los médicos experimentadores sirven como sujetos de investigación. Estas dos normas, y los tratados internacionales que ha suscripto la Argentina obligan en todos los casos, pero sobre todo en caso de experimentación con humanos a pedir el consentimiento informado. Estas disposiciones no pueden ser dejadas sin efecto por órdenes o resoluciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, por lo que estas acciones son violatorias de los derechos humanos del paciente que no está consciente de los riesgos a los que se expone con el inóculo experimental", se dejó asentado en la denuncia.

Y apuntaban una catarata de supuestas figuras penales por la que debían ser imputadas las autoridades: amenazas, coacción, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, abandono de persona y delitos de lesa humanidad.

Tras analizar toda la denuncia, que fue ampliada días después de la primera presentación, ahora el fiscal González decidió archivarla. O sea, se trata de un revés para los "antivacunas": no hubo delito ni ilegalidad en el operativo sanitario desplegado desde el comienzo de la pandemia hasta ahora.

"Nos pareció una situación muy delicada y muy grave. Porque sabemos del esfuerzo titánico que han hecho los profesionales de la salud y las vidas que nos has costado, para que encima se les achacara algún delito. Es una decisión jurídica, más allá de los paradigmas de la ciencia, que es posible que vayan cambiando con el tiempo. Pero no se puede desconocer que la actuación de nuestro sistema de salud responde a directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y esto es algo totalmente serio. El caos que generaría que cada uno tomara su propia determinación sobre la salud, que no hubiera una política unificada al respecto, sería imposible de transitar. En la decisión de archivar la causa, lo que defendemos básicamente es el accionar ajustado a derecho del personal y de las autoridades del sistema de salud", resaltó el fiscal González en diálogo con Cadena 3. 

Informe de Juan Federico.