Ley contra cuidacoches: cooperativas reclaman la concesión del sistema

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Mientras el Concejo Deliberante de Córdoba posterga el tratamiento de una ley que busca prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios —previsto inicialmente para el viernes y con chances de retomarse el lunes o recién en febrero—, desde el sector de trabajadores cooperativizados advierten que están en juego cerca de 2.000 puestos de trabajo y reclaman ser parte de la solución.

En diálogo con Cadena 3, Noel Quinteros, referente del sector, sostuvo que la propuesta de las cooperativas es hacerse cargo de la concesión del sistema de estacionamiento controlado, junto con la Municipalidad de Córdoba y los usuarios. “De lo que se trata acá son 2.000 puestos de trabajo. Nosotros proponemos que esos puestos le sean concesionados a las cooperativas, que son las únicas que no han fracasado, y que el sistema funcione con una cuota parte para cada actor”, explicó.

El dirigente apuntó contra anteriores concesionarios privados y habló de reiterados fracasos en la gestión del estacionamiento medido. “Hay dos o tres empresarios que siempre están especulando y que han fracasado con distintos sistemas. El propio ministro Quintero lo sabe, porque ha estado denunciando irregularidades, incluso en la venta de bases de usuarios”, afirmó. En ese sentido, defendió la capacidad de las cooperativas para garantizar orden y convivencia en la vía pública, frente a los episodios de cobros indebidos y conflictos que se registran actualmente. “Somos los fundadores del estacionamiento controlado en Córdoba. Estamos en condiciones de hacer funcionar el sistema para bien de los usuarios y de la familia cordobesa”, remarcó.

Noel también cuestionó la falta de conducción política del área y la ausencia de controles. “El Estado municipal está mirando para otro lado. No se puede conducir un servicio público en estos términos”, señaló, y recordó que presentaron proyectos elaborados junto a la Universidad Nacional de Córdoba, que incluían auditorías de ingresos para transparentar el destino de los fondos. “Se negaron a que la ciudadanía sepa a dónde va el dinero”, denunció.

Sobre la eventual aprobación de la ley que prohíbe la actividad, el referente cooperativo rechazó la idea de criminalizar el trabajo informal. “Ningún trabajador es ilegal. En todo caso, no está autorizado, y eso es responsabilidad del poder concedente, que es la Municipalidad”, expresó, apoyándose en el derecho constitucional al trabajo. Además, advirtió que el conflicto podría escalar: “Vamos a hacer todo lo que corresponda en defensa de los intereses de las cooperativas y sus asociados”.

Como ejemplo, Noel citó experiencias que, según dijo, funcionan con buenos resultados en distintos puntos de la ciudad, como en la zona de Tribunales 2 y el Hospital Privado, gestionadas por cooperativas. “Si ha funcionado durante 30 años, ¿por qué no nos dejan probar una vez más?”, planteó.

El debate continúa abierto en el ámbito político, mientras el futuro del sistema de estacionamiento y el destino de miles de trabajadores siguen siendo parte de una discusión que combina seguridad urbana, empleo y rol del Estado.

Informe de Emanuel Manitta

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