El Vaticano condenó a un sacerdote argentino por abuso sexual contra un menor

El Vaticano declaró culpable al sacerdote argentino Damián Rodríguez Alcobendas por el abuso sexual de un menor y le impuso severas sanciones canónicas que lo apartan de manera definitiva de funciones dentro de la Iglesia. La decisión fue comunicada por el Obispado de San Isidro, que informó que el religioso no podrá continuar desarrollando tareas pastorales ni ejercer responsabilidades institucionales.

La resolución fue adoptada por el Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede, que rechazó la apelación presentada por el sacerdote en el marco del proceso administrativo penal canónico iniciado en su contra. La condena se encuadra en el “delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor”, figura que en el derecho canónico refiere a faltas de índole sexual perpetradas por un clérigo contra un menor de edad.

Rodríguez Alcobendas desarrolló durante quince años su actividad pastoral en Nordelta, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires donde residen unas 50.000 personas. Allí fue una figura central en la vida religiosa de la comunidad. Impulsó la creación de la parroquia Sagrada Familia y estuvo al frente de esa institución, además de desempeñarse como capellán en colegios católicos del barrio cerrado.

Según consignó el diario El País, el sacerdote era conocido como “padre Damián” y tenía una presencia activa y visible en la comunidad. La revista local Locally lo describía como una figura influyente, con sermones firmes y directos. Durante la pandemia de Covid-19 llamó la atención cuando recorrió las calles del barrio en la caja de una camioneta para bendecir viviendas ante la imposibilidad de celebrar misas presenciales.

Años más tarde se conoció la denuncia por abuso sexual, que avanzó en las distintas instancias de la justicia eclesiástica hasta llegar a la Santa Sede. En 2025, ya en medio de la investigación, fue designado capellán en la sede de Pacheco de la Congregación de las Hermanas Siervas de María.

El tribunal eclesiástico confirmó la pena de prohibición perpetua para ejercer cualquier oficio eclesiástico o función directiva y administrativa en parroquias, seminarios o instituciones vinculadas. También le prohibió desempeñar tareas docentes en áreas teológicas o pastorales y asumir responsabilidades de tutoría o asesoramiento de menores en cualquier ámbito.

Además, se le impuso la prohibición de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal durante cinco años. El comunicado oficial advierte que, en caso de incumplimiento, podrá ser sancionado con la dimisión del estado clerical, la medida más grave dentro del ordenamiento canónico.

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