Buscan regular las intimaciones a morosos: "Detectamos una multiplicación de las denuncias"

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La morosidad y las deudas se convirtieron en uno de los temas que más preocupan a los argentinos, pero detrás del problema de no poder pagar aparece otra discusión: cómo se cobra una deuda y hasta dónde puede llegar una empresa para reclamarla. En Santa Fe, la Cámara de Diputados comenzó a analizar un proyecto que busca regular las intimaciones de cobro extrajudiciales y ponerle límites a prácticas consideradas abusivas.

La iniciativa contempla un régimen de sanciones que puede llegar a multas de hasta 2.615 millones de pesos cuando se comprueben situaciones de hostigamiento o violencia económica. El objetivo, según explicó el diputado provincial de la UCR Germán Scavuzzo, no es proteger a quien incumple una obligación, sino establecer reglas claras para quienes realizan las gestiones de cobro.

Scavuzzo lo resumió con una frase contundente: “Una obligación se honra, pero un derecho no se vulnera por eso”. La idea central del proyecto parte justamente de esa premisa: una persona que tiene una deuda debe pagarla, pero eso no habilita a las empresas, agencias o estudios jurídicos encargados de cobrar a vulnerar sus derechos como consumidor.

Uno de los principales problemas detectados tiene que ver con la información que recibe quien es intimado. Según el legislador, existen casos en los que directamente se reclama un monto sin explicar cuál es la deuda de origen, quién era el acreedor original, si hubo una cesión del crédito o quién es la empresa que está realizando el reclamo. “Nosotros estamos poniendo en la ley la obligación de que la información llegue de manera clara y transparente al usuario, al consumidor que está en una situación de morosidad o que tiene una deuda”, explicó.

El proyecto también apunta contra una modalidad que se repite en los testimonios de consumidores: llamados a cualquier hora, mensajes insistentes y contactos con familiares, amigos o empleadores. La intención es impedir que una deuda personal termine convirtiéndose en un problema público para personas que no tienen ninguna responsabilidad sobre ella.

En ese sentido, la propuesta establece que no podrán realizarse comunicaciones entre las 20 y las 9 del día siguiente, ni más de dos comunicaciones semanales. También se limitaría el envío de correos electrónicos a uno por día y quedarían prohibidos los mensajes masivos a través de Instagram, Facebook y otras redes sociales.

Otro punto especialmente sensible es el contacto con terceros. El proyecto plantea que las empresas no puedan comunicarse con familiares o empleadores del deudor para informarles que existe una deuda. La excepción sería el caso de una persona que efectivamente figure como garante o fiador de la obligación. “No tienen por qué enterarse personas que no tienen nada que ver con la deuda de uno”, sostuvo Scavuzzo al explicar el espíritu de la iniciativa.

La forma de comunicación también debería cambiar. La persona que reclama una deuda tendría que identificarse claramente, informar qué empresa representa, quién es el acreedor, cuál es el capital adeudado, qué intereses se aplican y cuáles son los honorarios o costos de la gestión. La intención es terminar con las intimaciones que se limitan a comunicar un monto y presionan para que sea pagado sin explicar de dónde surge.

El proyecto establece además un esquema de sanciones que no se limita a una multa económica. Según explicó el diputado, puede contemplar desde un apercibimiento hasta la suspensión de beneficios fiscales o crediticios obtenidos dentro de la provincia, e incluso la suspensión de hasta cinco años en el Registro de Proveedores del Estado provincial. La responsabilidad, en determinados casos, sería solidaria entre quien realiza la gestión y el acreedor original.

El tema cobra mayor relevancia porque las denuncias por este tipo de situaciones vienen creciendo. Scavuzzo señaló que, según los registros trabajados junto con la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Usuarios y Consumidores, las denuncias del área financiera aumentaron un 42 por ciento en términos interanuales, mientras que las vinculadas específicamente con intimaciones, hostigamiento o violencia económica representan una proporción significativa.

El diputado explicó que el proyecto surgió precisamente a partir de esos reclamos cotidianos. “Detectamos una multiplicación de las denuncias en este sentido”, afirmó, y remarcó que actualmente los consumidores ya cuentan con canales para denunciar estas prácticas ante la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Usuarios y Consumidores y también ante la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor.

Ahora la discusión deberá avanzar en la Legislatura santafesina. Scavuzzo aseguró que cuenta con el acompañamiento de buena parte de su bloque y que buscará llevar la iniciativa al espacio de Unidos para conseguir los consensos necesarios. El desafío será encontrar un equilibrio entre dos cuestiones que no deberían ser contradictorias: que las deudas se paguen y que las personas que atraviesan una situación de morosidad puedan ser intimadas dentro de los límites que establece la ley.

Porque detrás de cada deuda hay una situación económica concreta y, en muchos casos, una familia que está tratando de administrar ingresos cada vez más ajustados. Pero también es cierto que una obligación asumida debe ser afrontada. El problema aparece cuando el reclamo deja de ser una gestión de cobro y se transforma en presión, exposición o intimidación. “Una obligación se honra”, como dijo Scavuzzo, pero justamente por eso también debe quedar claro que ningún acreedor tiene derecho a convertir esa obligación en una herramienta para vulnerar otros derechos.

Entrevista de Alberto Lotuf.

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