Baja de edad de imputabilidad a 14 años: "Debemos ser respetuosos de la ley nacional"

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La decisión de la Justicia de la provincia de Buenos Aires de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que reduce a 14 años la edad de imputabilidad generó dudas sobre sus alcances y abrió un debate jurídico que también tuvo repercusiones en otras provincias. La medida fue adoptada por una jueza cuando apenas habían transcurrido 48 horas desde la entrada en vigencia efectiva de la normativa y, según distintos magistrados del fuero juvenil, dejó un escenario de incertidumbre.

El secretario de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni, aclaró que la decisión adoptada en Buenos Aires no tiene impacto sobre el sistema santafesino. “Una suspensión en toda una jurisdicción excede claramente lo que puede ser una circunstancia de un caso particular”, sostuvo, y remarcó que Santa Fe cuenta desde hace tiempo con una estructura propia de justicia penal juvenil que ya se encuentra funcionando.

Mascheroni explicó que Santa Fe sancionó a fines de 2023 una nueva legislación vinculada con la Justicia Penal Juvenil, cuya implementación se produjo de manera progresiva hasta comenzar a funcionar plenamente en 2025. “Nosotros ya en junio del 25 tuvimos la nueva legislación penal juvenil de la provincia”, señaló, aunque aclaró que esa reforma no modificaba entonces la cuestión de fondo vinculada con la edad de imputabilidad, sino fundamentalmente el funcionamiento y la estructura del sistema.

El nuevo esquema incorporó mecanismos similares, con las particularidades propias de los menores, a los utilizados en el proceso penal de adultos. Entre las modificaciones, Mascheroni destacó la incorporación de la querella, que antes no existía en el fuero juvenil, y una participación más definida del Ministerio Público de la Acusación, con fiscales y asesores especializados. Además, se avanzó en un trabajo coordinado entre las áreas de Desarrollo Social, Justicia y Seguridad.

El funcionario sostuvo que Santa Fe tuvo tiempo para prepararse para la aplicación de las nuevas reglas nacionales y que, por ese motivo, el cambio no produjo una situación traumática. Desde junio de 2025 hasta septiembre de 2026 se registraron aproximadamente 6.100 ingresos al sistema de justicia penal juvenil, aunque una gran cantidad de ellos fueron desestimados o continuaron bajo las reglas del régimen anterior. Actualmente, según Mascheroni, hay alrededor de 200 menores vinculados al sistema en la provincia.

De ese universo, unos 65 jóvenes se encuentran bajo medidas privativas de la libertad, mientras que aproximadamente 140 cumplen distintas alternativas, que pueden incluir establecimientos socioeducativos con salidas, programas de formación, trabajo y acompañamiento. El secretario de Justicia destacó que el sistema contempla una variedad de respuestas y que la privación de la libertad no constituye automáticamente la primera alternativa frente a un delito cometido por un adolescente.

Respecto de la nueva franja etaria de 14 a 16 años, Mascheroni confirmó que la implementación comenzó a generar sus primeros casos concretos en Santa Fe. De hecho, entre el sábado 5 y el momento de la entrevista ya se habían registrado menores de entre 14 y 16 años detenidos en Rosario, Santa Fe y San Lorenzo. “La cuestión está funcionando con un grado de tranquilidad”, afirmó el funcionario, quien agregó que ya se había realizado una audiencia dentro del nuevo esquema.

Consultado por las críticas del juez de menores Alejandro Cardinale, quien calificó la reforma como “punitivismo terraplanista”, Mascheroni evitó una postura tajante. “No se puede tener una posición que diga ‘yo estoy a favor, estoy en contra’ a priori”, planteó. Para el funcionario, la problemática de los adolescentes que cometen delitos graves requiere una mirada mucho más amplia que la discusión sobre la pena y debe contemplar las características sociales, familiares y educativas de cada situación.

Mascheroni también remarcó que, más allá de las posiciones ideológicas, las nuevas reglas forman parte del ordenamiento jurídico vigente. “Hoy el tema está resuelto. ¿Por qué está resuelto? Porque hay una ley que se debatió en el Congreso de la Nación”, sostuvo. En ese sentido, señaló que la nueva normativa establece una gradación de sanciones, en la que la privación de la libertad aparece como último recurso y, para los delitos más graves, fija un máximo de 15 años, sin posibilidad de prisión perpetua. “Debemos ser respetuosos de la ley nacional”, enfatizó.

Finalmente, el secretario de Justicia consideró que la implementación del nuevo régimen recién comienza y que será necesario observar cómo evoluciona la jurisprudencia y, especialmente, qué recursos destina el Estado para garantizar establecimientos y programas adecuados. “Hay que ver cómo se comporta la jurisprudencia en ese sentido, cómo son los mecanismos y cuál es la inversión que el Estado tiene que hacer”, explicó. Para Mascheroni, el desafío será encontrar un equilibrio entre la respuesta frente al delito y las herramientas de reinserción y formación de los adolescentes, mientras que la suspensión dispuesta en Buenos Aires, por ahora, “no afecta en nada” el funcionamiento del sistema en Santa Fe.

Entrevista de Alberto Lotuf.

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