Petróleo en Malvinas: se desploman las acciones de la compañía que busca operar en el yacimiento

LONDRES. Un duro revés financiero y operativo sacude el polémico proyecto de explotación petrolera Sea Lion, ubicado en la cuenca al norte de las Islas Malvinas.

Las acciones de la petrolera británica Rockhopper Exploration se desplomaron un 19,7% este lunes por la mañana en la Bolsa de Londres, acorraladas por las sanciones administrativas impulsadas por el Gobierno argentino, una medida cautelar de la Justicia Federal y la creciente incertidumbre que rodea la viabilidad del yacimiento.

El estrepitoso desplome de la compañía —que posee el 35% del proyecto, mientras que la israelí Navitas Petroleum ostenta el 65% y la operación— profundiza una sangría financiera previa. Los papeles de la petrolera ya habían acumulado un retroceso cercano al 8% en los primeros dos días de octubre, sumado a una caída del 18% registrada a lo largo de septiembre.

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Deserción de contratistas e incertidumbre en el consorcio

En medio de la fuerte turbulencia bursátil, Rockhopper publicó un comunicado oficial basado en una actualización emitida por su socia operadora, Navitas. En el informe, el consorcio admitió que un contratista clave decidió retirarse de las operaciones y negarse a realizar trabajos de exploración y producción en la zona de las islas, obligado por la presión del Gobierno argentino.

Ante esta situación, Navitas informó que trabaja para reemplazar a dos contratistas que incumplieron sus compromisos. Aunque las petroleras intentaron llevar calma a los mercados asegurando que por el momento no prevén un "impacto material adverso" sobre Sea Lion, en el mismo documento reconocieron abiertamente que el escenario podría empeorar si:

Se demora o fracasa la sustitución de las empresas contratistas.

Surgen nuevas deserciones de firmas vinculadas a la logística del proyecto.

Se intensifican las medidas punitivas de la Argentina o cambian las regulaciones geopolíticas.

Sanciones de la Casa Rosada y cerco judicial

La sangría financiera coincide con el endurecimiento de la estrategia de la administración de Javier Milei contra el uso no autorizado de recursos naturales en territorio cuya soberanía está en disputa. A las penas administrativas se sumó la traba judicial impuesta por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, quien ordenó mediante una medida cautelar —impulsada junto a excombatientes de Malvinas— la suspensión inmediata de las actividades de Rockhopper y Navitas y exigió la presentación de información detallada del plan de obras.

En paralelo, la Cancillería argentina prepara una ofensiva internacional: presentará un arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para congelar el avance de Sea Lion.

Perforaciones en la mira para 2027

Pese al cerco legal y político, las compañías ratificaron que mantienen el cronograma de explotación con el respaldo diplomático del Reino Unido y del gobierno colonial de las islas. El plan contempla iniciar las perforaciones a principios de 2027 y arrancar la producción en el primer trimestre de 2028, con una proyección inicial de 11 pozos y una extracción estimada en 55.000 barriles diarios.

Sin embargo, tras calificar previamente las sanciones argentinas como "ilegítimas" en su último balance semestral, Rockhopper terminó por reconocer lo que el mercado financiero ya reflejó con su caída libre: la ofensiva argentina elevó la exposición política y el riesgo comercial del proyecto a límites críticos.

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