Los defensores del Estado que no pueden parar de saquearlo

Adrián Simioni

Acá nunca hacemos periodismo sobre periodistas. Pero vamos a hacer una excepción. Porque esta semana se han acumulado casos asombrosos. 

El primero y más conocido es el de la periodista Laura Di Marco, que la semana pasada se despachó diciendo que Cristina Fernández, su hija Florencia y su nieta menor de edad sufren una serie de enfermedades mentales. 

"Psicópata" fue lo más liviano que dijo, sin citar a expertos ni profesionales que hubieran tratado a la Presidenta y su prole. Directamente hizo el diagnóstico ella. Bueno, el martes Di Marco pidió disculpas públicas.

El otro caso es el del periodista Roberto Caballero, muy identificado con el kirchnerismo. En general, sus comentarios y opiniones siempre enaltecen el rol del Estado y la necesidad de que el Estado sea financiado para intervenir en prácticamente cualquier esfera.

Se supo que Radio y Televisión Argentina (la empresa estatal que maneja ATC y Radio Nacional, entre otras cosas) lo va a indemnizar con una cifra que podría llegar a los 40 millones de pesos. 

¿Por qué lo van a indemnizar? Caballero trabajó tuvo un programa en Radio Nacional durante la segunda presidencia de Cristina Fernández. Fueron cuatro años. De 2011 a 2015. No era un empleado fijo. Tenía un contrato. 

Cuando en 2016 asumió Macri, Radio Nacional no le renovó el contrato, Caballero se consideró despedido. E inició un juicio. 

Ahora, 7 años después, Radio y Televisión Argentina le ha comunicado al juzgado que ya tiene todo listo para pagarle a Caballero, que ha previsto el dinero para pagar el monto dispuesto por el juzgado pero para hacerlo en algún momento de 2024 (cuando ya termine el actual gobierno) ajustando el monto en hasta un 10% mensual, un porcentaje altísimo, que supera cualquier marca de inflación. Eso da una suma superior a los 40 millones de pesos. 

Hay un dato llamativo. La esposa de Caballero, Cintia Ottaviano es una de las integrantes del directorio de Radio y Televisión Argentina, la empresa estatal que está tan dispuesta a pagar la indemnización.

Pero el dato más llamativo es el monto. 40 millones de pesos equivadrían a pagarle a Caballero un sueldo mensual de 300 mil pesos al mes durante más de 10 años con aguinaldos y todos. 

Ya de entrada es una cuestión espinosa si corresponde que un periodista cobre indemnización como si lo hubieran echado cuando en realidad lo que tenía era un contrato para hacer un programa. Pero pagarle el equivalente a un buen sueldo durante 10 años cuando apenas trabajó cuatro parece fuera de toda proporción.

Es una pregunta para los jueces laboralistas, siempre tan proclives a la generosidad con la plata ajena, sobre todo si es del Estado bobo, que ni siquiera intenta defenderse porque total pagan los contribuyentes. 

Y es una pregunta incómoda para tantos defensores a ultranza del Estado que, al primer descuido, aprovechan para saquearlo. Es una fija: hay una mayoría sólida de defensores del Estado que nunca pueden parar de saquearlo.