Ficha Sana: ¿algún día el kirchnerismo dejará de fingir demencia?
La respuesta peronista a Ficha Limpia intenta trasladar la discusión desde los tribunales hacia los consultorios. Otra manera de evitar una autocrítica que lleva demasiados años pendiente | Por Adrián Simioni.
14/09/2026 | 13:48Redacción Cadena 3
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Ahora país
Hace unas semanas, Alexandria Ocasio-Cortez, una de las figuras más conocidas del ala izquierda del Partido Demócrata de Estados Unidos, admitió que la etapa más radical del movimiento woke había sido una locura.
“Woke 1 was crazy”, dijo durante una entrevista televisiva. El problema fue que lo hizo entre risas, como si estuviera comentando una travesura juvenil y no un fenómeno político que tuvo consecuencias concretas.
Durante esos años hubo campañas de cancelación, propuestas para quitarles fondos a las policías y discursos que dividieron a la sociedad estadounidense. Ahora, cuando los demócratas necesitan recuperar a los votantes moderados, algunos de sus dirigentes buscan tomar distancia de aquellas posiciones. Ocasio-Cortez comenzó a hacerlo, aunque todavía sin explicar con precisión cuáles fueron los errores ni asumir plenamente sus costos.
En la Argentina, el kirchnerismo ni siquiera llegó a esa instancia. Después de haber gobernado durante 16 de los últimos 23 años, todavía evita revisar públicamente buena parte de su legado.
La discusión sobre Ficha Limpia ofrece el ejemplo más reciente.
El Gobierno de Javier Milei incorporó esa iniciativa a su proyecto de reforma electoral. La propuesta oficial establece que las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no puedan presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la administración pública. El tema puede y debe discutirse: existe un debate válido sobre la presunción de inocencia, la utilización política de los tiempos judiciales y el riesgo de que determinados jueces terminen condicionando la oferta electoral.
Pero el kirchnerismo eligió otra respuesta. En lugar de concentrarse en esos argumentos jurídicos, comenzó a impulsar en el Senado una iniciativa bautizada como "Ficha Sana": un examen psicotécnico obligatorio para quienes aspiren a ocupar los principales cargos electivos.
La idea, que todavía no tiene un texto formal conocido, establecería que un cuerpo especializado bajo la órbita de la Corte Suprema evalúe a los candidatos a presidente, gobernador o legislador. Es evidente que la propuesta busca colocar a Javier Milei en el centro de la escena y explotar políticamente las dudas que sus opositores plantean sobre su equilibrio emocional.
No se trata siquiera de una idea completamente nueva. En marzo, la diputada Mercedes Llano ya presentó un proyecto de evaluación de "idoneidad psicológica funcional" para candidatos presidenciales, legisladores electos y altas autoridades del Poder Ejecutivo. Ese texto permitiría declarar a una persona "no apta" e impedirle asumir o competir por un cargo.
Ahora el peronismo pretende convertir una propuesta similar en su respuesta parlamentaria a Ficha Limpia. Es una especie de "quiero retruco": si ustedes quieren revisar nuestros antecedentes judiciales, nosotros revisaremos la salud mental de sus candidatos.
La comparación, sin embargo, es tramposa.
Una condena penal se basa —o debería basarse— en hechos, pruebas, instancias de revisión y garantías procesales. Una evaluación psicológica destinada a decidir quién puede ser candidato se introduce en un terreno mucho más subjetivo. ¿Quién determina cuál es el equilibrio emocional necesario para gobernar? ¿Qué profesional podría impedirle a una persona presentarse ante la sociedad? ¿Quién controlaría a los evaluadores? ¿Qué ocurriría si el diagnóstico coincidiera sospechosamente con los intereses del gobierno de turno?
La política argentina conoce demasiado bien la utilización de instituciones públicas para perseguir, disciplinar o excluir adversarios. Entregarle a un grupo de especialistas la facultad de decidir quién está psicológicamente habilitado para competir sería abrir una puerta peligrosísima.
Además, utilizar la salud mental como arma electoral no mejora la calidad democrática. La empeora. Milei puede y debe ser cuestionado por sus decisiones, sus declaraciones, su forma de ejercer el poder y los resultados de su gobierno. Convertir su personalidad, su historia familiar o su vínculo con sus perros en un diagnóstico político constituye otra cosa: una descalificación que reemplaza el debate sobre los hechos.
Pero Ficha Sana cumple una función adicional. Permite que el kirchnerismo vuelva a evitar la conversación que verdaderamente lo incomoda: la corrupción durante sus gobiernos.
Cristina Fernández de Kirchner tiene una condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Cumple la pena bajo arresto domiciliario. Su defensa y el kirchnerismo sostienen que fue víctima de una persecución judicial y hablan de proscripción. Están en su derecho de cuestionar el fallo y de acudir a todas las instancias disponibles, pero ya no pueden negar que existe una sentencia firme.
Tampoco pueden reducir toda la discusión a la situación personal de Cristina.
Durante los gobiernos kirchneristas, diferentes investigaciones alcanzaron a ministros, secretarios de Estado, responsables de organismos públicos y empresarios estrechamente vinculados al poder. Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Amado Boudou y Lázaro Báez representan algunos de los casos más emblemáticos, con situaciones judiciales y condenas distintas.
La responsabilidad penal es individual. Nadie debería atribuirle automáticamente a Cristina cada delito cometido por quienes integraron su gobierno o participaron de aquella estructura de poder. Pero existe también una responsabilidad política que no se resuelve preguntando únicamente quién dio una orden concreta.
¿Fue posible que semejante entramado funcionara durante tantos años sin conocimiento, protección o tolerancia de las máximas autoridades? ¿Néstor Kirchner organizó ese sistema y Cristina no lo conocía? ¿Lo conocía y no pudo desarmarlo? ¿No quiso hacerlo? ¿Por qué tantos funcionarios cuestionados conservaron poder, presupuesto e influencia?
El kirchnerismo casi nunca responde esas preguntas. Prefiere presentar cada investigación como un capítulo de una persecución general y a cada condenado como una víctima del mismo dispositivo. Defender a Cristina se transforma así en una explicación para todo y, al mismo tiempo, en una manera de no explicar nada.
La misma ausencia de autocrítica aparece frente a otros dos aspectos de su herencia.
Uno es el gasto público sin financiamiento genuino, el déficit persistente y la utilización de la emisión monetaria, políticas que contribuyeron a reinstalar una inflación crónica cuyo remedio también está provocando un enorme costo social.
El otro es la consolidación de organizaciones intermediarias que administraban recursos estatales y utilizaban sistemáticamente los cortes de calles como mecanismo de presión. Detrás de consignas sociales atendibles se construyeron estructuras paraestatales que manejaron dinero, planes y capacidad de movilización sin controles suficientes.
¿Algún dirigente kirchnerista puede reconocer que se equivocaron? ¿Puede decir que se excedieron con el gasto, que toleraron estructuras corruptas o que convirtieron la protesta permanente en un método de administración política?
Una autocrítica no significa aceptar todos los argumentos del adversario ni renunciar a una identidad política. Significa explicar qué se hizo mal y garantizar que no volverá a hacerse.
El kirchnerismo pretende regresar al poder, pero todavía no les dice a los argentinos qué aprendió después de gobernar 16 años. Ficha Sana no responde esa pregunta. Apenas cambia de tema.
Alguna vez sus dirigentes tendrán que abandonar la estrategia de fingir demencia. Y, si finalmente deciden reconocer que se pasaron tres pueblos, convendría que no se rieran mientras lo hacen. El daño fue demasiado grande y sus consecuencias todavía las paga toda la sociedad.
Porque mientras el kirchnerismo continúe eludiendo su propia historia, difícilmente pueda aprobar la única ficha sana que realmente importa en democracia: la evaluación de los ciudadanos.





