El Gobierno presiona a los gobernadores para sacar la reforma electoral

1. Audio. El Gobierno presiona a los gobernadores para sacar la reforma electoral

   Radioinforme 3 Rosario

   Episodios

Por Sergio Berensztein

La reforma electoral se convirtió, para el Gobierno de Javier Milei, en una cuestión mucho más compleja de lo que parecía inicialmente. El proyecto enviado al Congreso incluía la eliminación de las PASO y cambios muy exigentes para la conformación de partidos y alianzas. Pero el oficialismo no tiene los números para aprobarlo tal como fue presentado. De hecho, quienes participaron de su elaboración reconocían que se había enviado una propuesta de máxima precisamente para tener margen de negociación. El problema es que ahora esa negociación está trabada, especialmente en el Senado.

El primer cambio importante es que las primarias podrían mantenerse, pero dejarían de ser obligatorias. Pasaríamos de las PASO a unas primarias abiertas y simultáneas, eventualmente las PAS. Más allá del nombre, el cambio es significativo porque permite al Gobierno acercarse a sectores que no aceptarían directamente la eliminación de las primarias. El segundo punto es todavía más interesante: la incorporación de la llamada ficha limpia, una iniciativa que excluye de la competencia electoral a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia.

La ficha limpia había sido impulsada fundamentalmente por sectores de Juntos por el Cambio y era rechazada por buena parte del peronismo, que durante mucho tiempo la interpretó como una herramienta dirigida contra Cristina Kirchner. Pero esa explicación perdió fuerza después de que su condena quedara ratificada por la Corte Suprema. Curiosamente, La Libertad Avanza había dejado pasar esta iniciativa en su momento y ahora estaría dispuesta a incorporarla como mecanismo para ampliar la cantidad de aliados parlamentarios. El peronismo respondió con una chicana: propone una “ficha sana”, es decir, que los candidatos sean sometidos a evaluaciones médicas y psiquiátricas antes de competir.

Yo no creo que haya que entrar en esa discusión sobre la salud mental de los dirigentes. Una persona puede tener una personalidad excéntrica, provocadora o incluso una forma de comunicación absolutamente disruptiva sin que eso implique una enfermedad. En el caso de Milei, muchas de esas características forman parte de su manera de presentarse ante la sociedad. Pero la chicana está instalada y demuestra hasta qué punto la discusión electoral se convirtió también en una batalla política entre oficialismo y oposición.

Ahora bien, incluso con estos cambios, al Gobierno todavía no le alcanzan los votos. Y acá aparece la pregunta que para mí es central: ¿por qué tiene tanto interés en modificar las reglas electorales justamente antes de un proceso electoral? La explicación más evidente está relacionada con las PASO y con el recuerdo traumático de 2019. Aquella primaria expuso la debilidad de la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto frente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner y desencadenó una reacción brutal de los mercados. Hubo una caída extraordinaria de los activos argentinos y una fuerte devaluación.

El Gobierno también tiene presente lo ocurrido más recientemente con las elecciones y las corridas cambiarias. Frente a un eventual resultado adverso, existe el temor de que los mercados vuelvan a reaccionar negativamente. Incluso el año pasado fue necesaria una intervención estadounidense, con Scott Bessent anunciando medidas para contener la corrida. Entonces aparece una hipótesis bastante clara: si las PASO pueden anticipar una derrota o generar incertidumbre, eliminarlas o suspenderlas por única vez podría reducir ese riesgo. Pero hay un problema político: cuando un gobierno intenta eliminar una elección porque teme su resultado, la oposición interpreta exactamente eso como una señal de debilidad.

Fíjense en la paradoja. El Gobierno intenta transmitir optimismo económico, pero al mismo tiempo impulsa una reforma electoral porque teme las consecuencias de una mala elección. La señal política puede ser contraproducente. Un dirigente opositor puede pensar: “Si la Casa Rosada tiene miedo de competir en las PASO, entonces tenemos una oportunidad”. Es decir, una herramienta diseñada para evitar una determinada dinámica electoral podría terminar incentivándola.

Frente a esta dificultad, el Gobierno está negociando con los gobernadores. La propuesta sería, en términos muy simples, la siguiente: nosotros no vamos a competir con candidatos competitivos en sus provincias si ustedes nos dan los votos que necesitamos para aprobar la reforma. Pero los gobernadores tienen una pregunta muy razonable: ¿de qué reforma estamos hablando? Porque una cosa es apoyar una reforma acotada, que mantenga primarias optativas y elimine algunos aspectos más polémicos, y otra muy distinta es votar el proyecto original.

Además, existe una segunda moneda de cambio: los recursos. La recaudación está cayendo y las provincias observan con preocupación tanto la evolución de sus ingresos propios como de los fondos coparticipables. Algunos gobernadores son muy prudentes fiscalmente y saben que llegar a 2027 con restricciones severas puede ser un problema enorme. En muchas provincias el Estado tiene un peso decisivo sobre la actividad económica. Por eso pueden escuchar al Gobierno, pero el problema central es la confianza: ¿cómo saben que la Casa Rosada cumplirá su promesa de no competir con candidatos fuertes después de obtener los votos para modificar las reglas?

A esto se suma una restricción institucional muy importante. La Justicia Electoral ya advirtió que las modificaciones pueden hacerse hasta fin de año, pero después será demasiado tarde para alterar el régimen electoral. Hay que licitar sistemas, organizar la logística, preparar padrones y poner en marcha una enorme cantidad de procedimientos. Y acá aparece algo que me parece extraordinario de Argentina: desconfiamos de casi todo lo que funciona en el Estado, pero nadie seriamente pone en duda los resultados electorales. Nuestro sistema electoral es una de las instituciones que mejor funcionan y los jueces quieren preservar esa previsibilidad.

Hay, además, una negociación particularmente delicada con algunos gobernadores del norte, como los de Salta, Catamarca y Tucumán, que analizan sus posibilidades de reelección a partir de las interpretaciones de sus respectivas constituciones. Ahí aparece nuevamente la Corte Suprema como actor decisivo. La historia reciente muestra que el máximo tribunal fue restrictivo con los intentos de extender mandatos, como ocurrió con Sergio Uñac en San Juan y Gildo Insfrán en Formosa. Entonces, cuando desde el Gobierno se insinúa que podría ayudar a determinados gobernadores, aparece una pregunta inevitable: ¿realmente tiene el Ejecutivo capacidad de influir sobre la Corte? Si la respuesta es negativa, la credibilidad de esas negociaciones también queda limitada.

Por eso creo que esta semana será decisiva. Milei va a reunir a sus legisladores, habrá discusiones sobre el Presupuesto, sobre Malvinas y sobre un paquete de iniciativas del Poder Ejecutivo. Pero detrás de todo eso hay una cuestión que preocupa especialmente al Gobierno: la reforma política. Y acá aparece la paradoja final. Si el oficialismo consigue eliminar o limitar las PASO, puede reducir un mecanismo de competencia interna, pero no necesariamente evita que la oposición construya una alternativa. Como me decía un dirigente recientemente, con las PASO la oposición puede fragmentarse y regalarle una elección al oficialismo; sin PASO, si existe voluntad política, también puede construir una candidatura común. La pregunta, entonces, no es solamente qué reglas habrá en 2027. La pregunta es si habrá voluntad política para construir una alternativa. Y, en definitiva, cuánto está dispuesto a pagar el Gobierno para modificar las reglas de un juego que quizás no pueda controlar.

Temas