Santa Fe: investigan a fiscales por denuncias previas sobre geriátrico clandestino

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La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación administrativa para determinar cómo actuaron dos fiscales de la ciudad de Santa Fe que habían recibido denuncias sobre las condiciones en las que se encontraban adultos mayores alojados en un geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte.

Las primeras alertas fueron presentadas en abril y mayo, antes de que la situación del establecimiento tomara estado público a raíz de un episodio que derivó en la intervención de distintas áreas estatales. La auditoría busca establecer si, frente a esas denuncias, se adoptaron las medidas necesarias para proteger a los residentes.

Martín Risso Patrón, abogado de la hija de una de las mujeres alojadas en el geriátrico, cuestionó el avance de las actuaciones y explicó que una de las denuncias inicialmente quedó a cargo del fiscal Manuel Cecchini. Según relató, posteriormente la investigación fue dividida en distintos hechos, entre ellos una presunta estafa y el abandono de personas.

El abogado también puso el foco en una figura que, según sostuvo, todavía no fue contemplada en la investigación: la privación ilegítima de la libertad. “Privación de libertad nunca lo han imputado y tampoco me han dicho que lo vayan a imputar. O sea, realmente hubo una privación de libertad”, afirmó.

En ese sentido, mencionó como elemento de preocupación una serie de capturas de pantalla atribuidas a Emilia Gamboa, una de las residentes del lugar. En uno de esos mensajes, según indicó el abogado, la mujer habría expresado: “No me dejen sola porque si no van a caer todos”.

A partir de ese material, planteó dudas sobre la existencia de otras personas que podrían estar vinculadas con el funcionamiento del establecimiento y advirtió sobre la posibilidad de que hubiera terceros interesados en evitar que la investigación avance. “No sé quién serán los otros que están ahí comprometidos, pero realmente no hay que ser ningún genio para darse cuenta que atrás de eso puede haber gente que está operando para que esto no prospere”, sostuvo.

Las denuncias previas habían advertido sobre distintas situaciones vinculadas con el trato y las condiciones de vida de los adultos mayores. Una de las presentaciones fue realizada el 22 de abril y posteriormente hubo una nueva denuncia el 15 de mayo, ante la falta de avances. En esta última oportunidad, además, se habrían aportado elementos que daban cuenta de la situación que atravesaban los residentes.

La situación del geriátrico quedó expuesta públicamente luego de un episodio ocurrido a fines de julio, cuando uno de los adultos mayores alojados en el establecimiento prendió fuego un colchón en un intento por llamar la atención y pedir auxilio. Tras la intervención policial y de organismos estatales, se constató que varias personas mayores permanecían alojadas en condiciones de extrema precariedad.

El establecimiento no contaba con habilitación para funcionar como geriátrico y, de acuerdo con las denuncias, presentaba deficiencias vinculadas con la alimentación, la higiene y la atención de los residentes. También se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la administración de documentación y tarjetas bancarias de los adultos mayores.

La investigación administrativa del MPA buscará determinar si los fiscales que recibieron las denuncias actuaron de acuerdo con sus obligaciones y si existieron demoras o decisiones que pudieran haber impedido una intervención temprana.

Informe de Emiliano Guardia.

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