Protestas en España por crisis de vivienda tras desalojo de anciana de 87 años

BARCELONA, España (AP) — La indignación pública por el desalojo de una mujer de 87 años ha sometido al gobierno progresista de España a una enorme presión para abordar la arraigada crisis del costo de la vivienda en el país.

Alrededor de 1.000 manifestantes han pasado la última semana acampados en la Puerta del Sol de Madrid, el espacio público más popular de la capital, después de que la anciana María del Carmen Abascal fuera desalojada el 23 de septiembre de su vivienda de siete décadas en el centro de Madrid. Los manifestantes afirman que no se irán hasta que el gobierno adopte medidas reales para proteger a los inquilinos.

El gobierno del presidente Pedro Sánchez, que enfrenta unas elecciones nacionales el próximo año, ha impulsado un paquete de medidas de emergencia para responder a la crisis de vivienda. Hay una votación planeada para el viernes en el Parlamento, donde la coalición minoritaria liderada por los socialistas necesitará el respaldo de varios partidos más pequeños para sacarlas adelante.

La crisis de vivienda lleva años gestándose en España, mermando los presupuestos de los hogares y enfureciendo a los votantes. Aunque muchos países atraviesan circunstancias similares, los más pobres de España y los jóvenes se están viendo especialmente afectados porque no pueden permitirse comprar una vivienda y están siendo presionados por el reducido parque de viviendas en alquiler del país.

España se sitúa cerca de los últimos puestos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en cuanto a viviendas de alquiler de propiedad pública, que representan menos del 2% de su oferta disponible. La media de la Unión Europea es del 8%.

Mientras tanto, el alquiler medio en España casi se ha duplicado en los últimos 10 años. El precio por metro cuadrado ha subido de 8,20 euros (ahora 9,30 dólares) en 2016 a 15,1 euros (17,15 dólares) este año, según el portal inmobiliario Idealista.

El gobierno de España indicó que el 26% de los españoles que viven de alquiler destinan, de media, el 40% de sus ingresos al alquiler y los suministros, frente a la media de la Unión Europea, donde lo hace el 18% de los inquilinos.

Decenas de miles de personas marchan periódicamente en grandes ciudades para exigir medidas a los legisladores y culpar a los especuladores inmobiliarios, así como a plataformas como Airbnb, del aumento de los alquileres.

Pero una nueva ola de indignación recorrió España cuando Abascal, que usa silla de ruedas, fue sacada en camilla de su apartamento después de que la policía acordonara la calle. Las imágenes televisadas del desalojo llevaron a miles de personas a protestar en Madrid y en otras ciudades de este país del sur de Europa.

“No lo he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por las suyas”, indicó Abascal, en un video grabado desde su cama de hospital tras el desalojo.

La empresa inmobiliaria española que había insistido en desalojarla para alquilar la vivienda a un precio mucho más alto terminó alcanzando un acuerdo para que ella regresara al apartamento, dijo su abogado añadiendo que Abascal estaba “muy contenta”. Aún no ha recibido el alta hospitalaria.

Incluso con una resolución satisfactoria para “Maricarmen”, como ahora se conoce ampliamente a Abascal, ella sigue siendo la encarnación de la lucha los altos costos de alquiler. Los manifestantes han llevado pancartas con lemas de apoyo y han ido surgiendo protestas en ciudades de todo el país.

El diputado de izquierda Gabriel Rufián, del partido ERC, declaró que la crisis de vivienda podría amenazar al gobierno e instó a Sánchez a actuar.

El gobierno de España espera que sus nuevas medidas calmen a los manifestantes e influyan en la opinión pública. Dividió las medidas en dos decretos, y emitió el primero el 30 de septiembre. El Parlamento tiene 30 días para ratificarlo.

Este decreto:

1. Frenaría a los llamados “fondos buitre” para que no especulen con bienes inmuebles, al prohibir la compra de propiedades por debajo del 70% de su valor estimado hasta 2028. El objetivo es impedir que grandes propietarios inmobiliarios compren inmuebles en bloque y luego los revendan a precios mucho más altos.

2. Prorrogaría hasta 2030 la protección para inquilinos vulnerables, al prohibir el desalojo de arrendatarios que los servicios sociales hayan considerado en una situación financiera precaria y sin otra vivienda a la que mudarse.

3. Impondría una regulación más estricta a los alquileres de corta duración. Los contratos de arrendamiento de entre uno y 12 meses tendrían que ir acompañados de una prueba de que el inquilino solo necesita residir en el lugar por menos de un año, por ejemplo, para estudiar en una universidad.

4. Establecería diversos incentivos fiscales para fomentar el alquiler de viviendas y la construcción inmobiliaria.

El gobierno indicó el 29 de septiembre que pronto emitirá un segundo decreto para que el contrato estándar de alquiler residencial de cinco años se prorrogue automáticamente cuando esté a punto de vencer.

Si el propietario de una vivienda desea romper el contrato de manera unilateral, tendría que compensar al inquilino pagándole el equivalente a un año de alquiler, manifestó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el martes. El decreto incluiría una exención para los propietarios si pueden demostrar que ellos o un familiar cercano necesitan mudarse a la vivienda.

Los detalles completos del segundo decreto deben ser publicados en el boletín oficial del gobierno el jueves.

Este último decreto ha sido una de las principales exigencias del Sindicato de Inquilinas, que organizó la acampada.

Ambos decretos necesitan el respaldo de la mayoría del Parlamento español, de 350 escaños. Eso no está garantizado. El principal partido conservador, el Partido Popular, ha dicho que votará en contra de ambos, y el gobierno no cuenta con el apoyo asegurado de los partidos más pequeños de los que depende para aprobar cualquier legislación.

Tampoco hay garantía de que su aprobación calme el malestar y ponga fin a la protesta con acampada, situada a menos de un kilómetro del Parlamento.

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