Jueza federal exige mayor acceso de abogados en el centro de detención de Florida

FORT MYERS, Florida, EE.UU. — Un centro de detención de migrantes, apodado el "Alcatraz de los caimanes" por su ubicación en los Everglades, deberá mejorar el acceso de sus internos a sus abogados, según un fallo emitido el viernes por una jueza federal. La jueza de distrito Sheri Polster Chappell dictó una orden judicial preliminar que establece que los funcionarios del centro tienen la obligación de facilitar a los detenidos la posibilidad de realizar llamadas telefónicas legales que sean gratuitas, confidenciales y sin supervisión. Además, se requiere que haya al menos un teléfono operativo disponible por cada 25 internos.

En su fallo, la jueza también indicó que se debe proporcionar información relevante a los detenidos y sus abogados en múltiples idiomas. Esta decisión surge tras la presentación de declaraciones por parte de abogados ante un tribunal federal en Fort Myers, quienes argumentaron que sus clientes enfrentaban obstáculos para comunicarse con ellos, ya que no podían realizar llamadas desde los teléfonos móviles del personal y no podían visitar las instalaciones sin previo aviso.

Durante una vista en enero, un contratista estatal testificó que ambas opciones de comunicación estaban disponibles para los detenidos y sus abogados, lo que fue cuestionado por las denuncias presentadas. El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, la agencia responsable de supervisar el centro de detención, no respondió a las consultas enviadas por correo electrónico el viernes.

Este centro fue construido el verano pasado en una pista de aterrizaje remota como parte de las políticas migratorias del gobernador republicano Ron DeSantis y del entonces presidente Donald Trump. Florida también ha establecido un segundo centro de detención en el norte del estado.

La demanda presentada por exdetenidos alega que sus derechos bajo la Primera Enmienda fueron vulnerados, al señalar que los abogados deben solicitar citas con tres días de antelación para poder visitarlos. En otros centros, este proceso es más accesible, permitiendo que los abogados simplemente se presenten durante las horas de visita. Además, los demandantes sostienen que a menudo son trasladados a otros centros antes de poder ver a sus abogados, lo que ha llevado a demoras significativas que han afectado su capacidad para cumplir con plazos legales importantes.

Las autoridades estatales, que han sido nombradas como demandadas, han negado que existan restricciones en el acceso de los detenidos a sus representantes legales, argumentando que cualquier inconveniente se debe a motivos de seguridad y falta de personal. Por su parte, funcionarios federales también han negado haber violado los derechos de los internos.

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