Indonesia moviliza más de 20.000 soldados en respuesta a escándalo de escuchas telefónicas

YAKARTA, Indonesia (AP) — Las fuerzas armadas de Indonesia han movilizado a más de 20.000 soldados y efectivos en la capital, Yakarta, según informaron funcionarios el miércoles, mientras se lleva a cabo una investigación sobre una presunta operación ilegal de escuchas telefónicas contra el presidente del país, que ha conducido a la detención de tres altos mandos de la policía.

El escándalo ha cobrado mayor relevancia luego de que el palacio presidencial afirmara que las supuestas escuchas contra Prabowo Subianto podrían considerarse un acto "conducente a traición". La información sensible que se puede obtener a través de las comunicaciones de un jefe de Estado podría poner en riesgo al país y a su liderazgo, señalaron las autoridades.

Entre los implicados en el escándalo figura el general Listyo Sigit Prabowo, quien fue nombrado jefe del gabinete presidencial el mes pasado. Este fue destituido el miércoles por el presidente. Listyo había sido anteriormente el jefe de la policía nacional, puesto que ocupó tras ser nombrado por el entonces presidente Joko Widodo en 2021.

Además, hay acusaciones de que funcionarios, políticos, periodistas, líderes de la sociedad civil y empresarios también fueron objeto de vigilancia no autorizada.

Las autoridades no han confirmado que el despliegue militar esté vinculado a la investigación de las escuchas. La primera fase de la operación comenzó el lunes con 2.100 efectivos de unidades ya estacionadas en Yakarta.

Las tropas que provienen de fuera de la capital comenzaron a llegar el miércoles, elevando el total de efectivos a 20.980, según indicó el asistente de operaciones de la Armada, el vicealmirante Yayan Sofiyan. Entre los movilizados se encuentran efectivos de unidades de infantería de marina y de la Armada, así como de centros de entrenamiento y bases navales de Java y de la provincia de Lampung. Otros 13.140 están en reserva y listos para ser desplegados si es necesario, añadió Sofiyan.

Sofiyan no ofreció detalles sobre el propósito del despliegue ni respondió a preguntas sobre si existían preocupaciones de seguridad o tensiones políticas en Yakarta.

El portavoz de las fuerzas armadas indonesias, el mayor general Muhammad Nas, sostuvo que el movimiento de tropas es un procedimiento estándar para mantener la seguridad nacional y la integridad territorial. "Los despliegues de tropas son algo normal", manifestó Nas, agregando que el ejército "debe estar siempre preparado para proteger a toda la nación y salvaguardar la integridad de la República de Indonesia".

El ministro de la secretaría de Estado, Prasetyo Hadi, declaró en una conferencia de prensa que la presunta vigilancia al presidente ha generado preocupación por la seguridad nacional. "Si hablamos de un jefe de Estado, hay una gran cantidad de información altamente sensible que podría utilizarse con fines que pongan en peligro los intereses de la nación", dijo Hadi. "Lo que hicieron podría considerarse como algo que conduce a un acto de traición porque pone en riesgo los intereses del Estado, incluido el liderazgo del país".

Yusril Ihza Mahendra, el ministro coordinador de derechos humanos, inmigración y correcciones, indicó que se hallaron indicios de que la trama fue más allá de la interceptación ilegal y podría señalar un esfuerzo más amplio para socavar al gobierno. Subrayó que la evaluación no es definitiva y que los investigadores continúan explorando el motivo y el objetivo final de la vigilancia.

"Con base en el avance de la investigación hasta ahora, hay señales e indicios que apuntan a un acto de traición", declaró Mahendra en una conferencia de prensa aparte. Aseguró que los investigadores inicialmente contaban con pruebas suficientes para proceder con cargos por escuchas e interceptación, pero hallazgos posteriores sugirieron que la operación fue dirigida a "paralizar al gobierno para que no pudiera funcionar".

Como las presuntas interceptaciones se dirigieron específicamente al presidente, los investigadores están examinando si podrían aplicarse cargos adicionales en virtud del Artículo 191 del Código Penal de Indonesia, que conlleva penas de hasta la sentencia de muerte.

La policía anunció el martes por la noche en una conferencia de prensa televisada que detuvo a tres altos mandos de la policía como sospechosos en la investigación sobre las presuntas escuchas ilegales. La policía identificó a Listyo y a otros dos generales, Ahrie Sonta Nasution y Eko Hadi Santoso, como sospechosos en un caso que incluye intercepción ilegal de comunicaciones, acceso ilícito a sistemas electrónicos y eliminación de datos electrónicos, y precisó que fueron detenidos el domingo.

La policía sostiene que las escuchas ocurrieron entre 2025 y 2026, cuando Listyo era el jefe de la policía, y que los sospechosos ordenaron las intervenciones sin seguir el procedimiento adecuado. Además, están acusados de haber ordenado a finales de octubre la eliminación de archivos que contenían comunicaciones interceptadas, en un supuesto intento de ocultar pruebas y borrar rastros de la operación.

Bambang Rukminto, analista policial del Instituto de Estudios de Seguridad y Estratégicos, estimó que las presuntas escuchas a un presidente en funciones plantean interrogantes mucho más graves que la vigilancia a empresarios, líderes de partidos políticos u otras figuras públicas. Según el analista, mientras las escuchas a objetivos de menor perfil podrían utilizarse para intimidar u obtener ventajas políticas, esa misma explicación sería difícil de aplicar en este caso. "Pero si el objetivo es el presidente, ¿cuál sería el motivo? Intimidar al presidente claramente no es una explicación plausible", sostuvo Rukminto.

"La investigación debe establecer no solo a los autores, sino también el uso previsto de la información y las partes que pudieron haber tenido interés en obtenerla", manifestó.

Los sospechosos no han respondido públicamente a las acusaciones de escuchas. Adrianus Meliala, criminólogo de la Universidad de Indonesia y excomisario de la Comisión Nacional de Policía, explicó que las acusaciones plantean dudas sobre si la vigilancia se realizó en nombre de intereses ajenos a la fuerza policial o al Estado. "Nadie esperaba que Listyo Sigit Prabowo fuera señalado como sospechoso", dijo Meliala. "Pero si se prueban las acusaciones, el caso podría entenderse en el contexto de maniobras políticas. Cualquiera que se involucre en política también debe estar preparado para enfrentar las consecuencias políticas".

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