Ecuador aprueba ley para permitir donaciones a fuerzas del orden en lucha contra el crimen

QUITO (AP) — La Asamblea unicameral de Ecuador aprobó el jueves una ley que permite a empresas, entidades nacionales y extranjeras, además de gobiernos, hacer donaciones a la policía y fuerzas armadas del país sudamericano, que afrontan una violenta arremetida de grupos criminales relacionados con cárteles del narcotráfico.

El texto señala que las fuerzas del orden podrán recibir donaciones de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros para garantizar la seguridad y la paz ciudadana, por parte de contribuyentes nacionales, entidades, gobiernos u organismos internacionales con los que se mantengan acuerdos de cooperación.

Las empresas privadas pueden destinar hasta un máximo del 30% de sus impuestos a tales donaciones, señala.

La nueva ley, que debe ser remitida ahora al presidente Daniel Noboa para su aprobación final, fue criticada por la oposición.

La propuesta, enviada por el ejecutivo, recibió el apoyo de 82 de los 151 legisladores, con la calificación de "urgente" lo que implica que la Asamblea tenía 30 días para tramitarlo, y en caso de no haber una decisión entraría en vigencia luego de ese plazo. El legislativo de este país está dominado por el partido oficialista Acción Democrática Nacional y sus aliados.

El asambleísta oficialista Diego Franco, que dirige la Comisión de Desarrollo Económico, destacó la importancia de la nueva ley advirtiendo que el Estado está enfrentando la arremetida del crimen organizado que "se ha convertido en un poder paralelo".

Citando cifras oficiales, señaló que en Ecuador los casos de extorsión se incrementaron en 205%, los secuestros en 193% y que la minería ilegal mueve 3.500 millones de dólares al año.

Las muertes violentas llegaron a 8.248 en 2023 —cuando el país registró un récord—, a 7.063 en 2024 y en lo que va del año se sumaron unas 6.020, según estadísticas del Ministerio del Interior.

Para enfrentar la escalada de violencia, Noboa decretó a inicios de 2024 el estado de conflicto armado interno, lo que permitió la acción conjunta de militares y policías en el control de la seguridad en las calles y en las cárceles, escenario de frecuentes y violentos motines.

Organismos de derechos humanos y de la oposición han denunciado el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad.

Franklin Samaniego, legislador del partido opositor Revolución Ciudadana, criticó al ejecutivo por enviar tal propuesta señalando que con ella busca eludir la responsabilidad del Estado de velar por la seguridad del país y que más bien recurre a "la bondad y altruismo del sector privado".

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