Denuncias de abusos en centro de detención de inmigrantes en Texas generan preocupación

WASHINGTON — Un reciente informe de activistas de derechos humanos ha destapado una serie de abusos en el Camp East Montana, un centro de detención administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. Decenas de detenidos han denunciado haber sido golpeados por guardias o haber presenciado tales agresiones hacia otros, lo que ha llevado a la publicación de un documento de 84 páginas por parte de Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles.

El informe, divulgado el miércoles, expone que tanto hombres como mujeres retenidos en esta instalación ubicada en la base militar Fort Bliss en El Paso relataron haber sido privados de atención médica, vivir en condiciones deplorables y recibir alimentos en mal estado. Asimismo, se indica que se les restringió la comunicación con abogados y familiares.

Durante un periodo de cinco meses, se entrevistó a 71 detenidos, de los cuales 64, es decir, aproximadamente el 90%, afirmaron haber sido agredidos o haber presenciado abusos físicos. La investigadora asociada de Human Rights Watch, Angélica César, calificó al Camp East Montana como un "desastre de derechos humanos", instando al gobierno de Estados Unidos a cerrarlo y a realizar investigaciones independientes sobre los abusos y muertes en custodia.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no ha emitido comentarios al respecto. Este informe se suma a otros reportes que documentan la muerte de al menos tres detenidos en esta instalación desde su apertura en agosto, incluido un migrante cubano que falleció tras ser inmovilizado por guardias.

La muerte de este migrante fue clasificada como un homicidio por un médico forense, y un informe federal reveló que las pruebas del caso estaban "perdidas o destruidas". Además, se indicó que la mala gestión del Departamento de Seguridad Nacional había creado condiciones inseguras que llevaron a muertes y sufrimiento de detenidos, a pesar de los millones de dólares destinados a contratistas.

Recientemente, el ICE sustituyó a Acquisition Logistics, LLC, el contratista que había recibido un acuerdo de hasta 1.300 millones de dólares para la construcción y operación del campamento, debido a su falta de experiencia en la gestión de centros de detención.

Las condiciones de vida en el campamento han sido descritas como degradantes, con baños sucios y falta de acceso a productos básicos de higiene. Los detenidos también han reportado que se les mantenía encerrados durante semanas sin acceso a recreación o luz solar, y que las comidas se servían con demoras de hasta 12 horas.

Los testimonios en el informe sugieren que el uso de la fuerza por parte de los guardias era común, especialmente en respuesta a huelgas de hambre o quejas sobre las condiciones de detención. Se ha informado que los detenidos eran coaccionados para renunciar a sus solicitudes migratorias bajo amenazas de violencia o detención indefinida.

En algunos casos, las circunstancias de la detención podrían considerarse como desapariciones forzadas, lo que constituiría una violación de los derechos humanos internacionales. Human Rights Watch y la ACLU han instado al gobierno a cerrar el Camp East Montana y a permitir investigaciones independientes sobre las muertes y el uso excesivo de la fuerza.

La investigadora César concluyó que "los abusos documentados son el resultado previsible de la agenda de deportaciones masivas del gobierno", enfatizando que los detenidos son seres humanos que merecen dignidad y protección.

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