Demócratas demandan a Trump por restricciones a servicios sociales para inmigrantes

WASHINGTON (AP) — Una coalición de 21 fiscales generales estatales demócratas impugnó el lunes las restricciones del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump a los servicios sociales para inmigrantes que están en el país sin autorización, incluidos el programa federal de preescolar Head Start, clínicas de salud y educación para adultos.

Las prestaciones públicas individuales —tales como los cupones de alimentos y la ayuda financiera para la universidad— estuvieron en gran medida fuera del alcance de las personas que viven en el país sin tener estatus legal, pero las nuevas reglas y directrices del gobierno limitaron su acceso a programas a nivel comunitario que reciben dinero federal.

La demanda encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, argumentó que el gobierno no siguió el proceso de elaboración de normas ni proporcionó el aviso requerido sobre las condiciones impuestas a los fondos federales. También sostuvo que los cambios crearán un daño significativo.

“Estos programas funcionan porque son abiertos, accesibles y están fundamentados en la compasión”, manifestó James en un comunicado. “Este es un ataque infundado a algunos de los programas públicos más eficaces e inclusivos de nuestro país, y no permitiremos que se mantenga”.

Los cambios en las reglas rescindieron una interpretación de las leyes federales sobre el acceso de los inmigrantes a los servicios, la cual se remonta a la época del gobierno del presidente Bill Clinton. Las restricciones fueron anunciadas conjuntamente este mes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Educación, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Justicia.

La implementación de verificaciones a la documentación de inmigración impondría una carga significativa a los programas y, en algunos casos, sería poco realista, denunció la demanda. El trabajo adicional probablemente afectaría los servicios proporcionados por estos programas a ciudadanos de Estados Unidos, que a menudo provenían de entornos de bajos ingresos y dependían de esos servicios para la salud y la educación, agregó la demanda.

Head Start, un programa federal de preescolar que proporciona terapia de desarrollo, cuidado infantil y preescolar a familias que están sin hogar o en situación de pobreza, no solicitó a los participantes que verificaran su estatus migratorio en el pasado.

Algunos proveedores de Head Start indicaron que no tienen el personal ni los recursos para comenzar a implementar dicho control. “Es probable que para algunos programas los costos de cumplimiento sean tan altos que lleven al cierre de los programas”, expresó la demanda. “Muchos programas de Head Start son entidades pequeñas que operan con márgenes muy reducidos, y es probable que cierren si enfrentan una carga administrativa significativa”.

Otros programas a nivel comunitario afectados por el cambio de regla incluyeron servicios de salud mental en las escuelas, líneas directas de crisis y tratamiento de trastornos por uso de sustancias.

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