Amnistía Internacional investiga ataque pakistaní a centro de adicciones en Kabul como posible crimen de guerra

KABUL, Afganistán — Un ataque aéreo llevado a cabo por fuerzas pakistaníes en marzo de este año, que impactó en un centro de tratamiento de adicciones en Kabul y resultó en la muerte de cientos de civiles, debe ser investigado como un posible crimen de guerra, según afirmó Amnistía Internacional.

En un comunicado publicado en redes sociales el miércoles, la organización de derechos humanos destacó que no encontró evidencias que respalden las afirmaciones de Pakistán de que el centro de rehabilitación de adicciones, conocido como Omid, se utilizaba con fines militares o como almacén de municiones.

De acuerdo con el gobierno afgano, el ataque del 16 de marzo dejó alrededor de 400 civiles muertos. Sin embargo, Pakistán ha cuestionado esta cifra, insistiendo en que su objetivo era una instalación militar.

Por su parte, la UNAMA (Misión de las Naciones Unidas en Afganistán) verificó de manera independiente al menos 269 muertes de civiles y 122 heridos, advirtiendo que la cifra real podría ser considerablemente mayor. Las autoridades afganas realizaron al menos dos funerales masivos en honor a las víctimas del ataque.

El centro Omid, con capacidad para 2.000 camas, había estado funcionando como un establecimiento de tratamiento de adicciones durante aproximadamente una década. Su localización, cercana al aeropuerto internacional de Kabul, correspondía a una zona que anteriormente había sido parte de una base militar de la OTAN.

Amnistía Internacional analizó fotos y videos en su investigación

La organización Amnistía Internacional llevó a cabo una investigación sobre el ataque, en la que revisó y verificó más de 60 fotos y videos, incluidos varios difundidos por el ejército pakistaní, así como más de 30 imágenes satelitales de la zona. En su análisis, el organismo no halló evidencia concluyente de la presencia de armas, municiones u otros materiales explosivos en el área. Además, las imágenes no mostraron explosiones secundarias inmediatamente después del ataque, lo que podría indicar la ausencia de almacenamiento de municiones.

El ataque ocurrió durante un largo periodo de combates

Este ataque se produjo en un contexto de intensificación de los combates transfronterizos entre Pakistán y Afganistán que comenzó el año anterior y se agravó en febrero, cuando Islamabad declaró que estaba en “guerra abierta” con Kabul. La UNAMA documentó un total de 372 civiles muertos y casi 400 heridos en Afganistán entre el 1 de enero y finales de marzo, como resultado de la violencia transfronteriza, a pesar de varios intentos de negociaciones de paz que no lograron establecer una tregua duradera.

A finales de junio, más de dos docenas de civiles perdieron la vida en tres provincias del este de Afganistán debido a otro ataque transfronterizo de Pakistán, con al menos 28 muertos confirmados por la UNAMA.

Pakistán ha acusado a Afganistán de proporcionar refugio a combatientes que realizan ataques mortales dentro de su territorio, especialmente a miembros del grupo talibán pakistaní conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. Aunque este grupo es independiente, mantiene lazos con los talibanes afganos, quienes han gobernado Afganistán desde su regreso al poder en 2021, durante la caótica retirada de las tropas estadounidenses. Kabul ha negado estas acusaciones.

Amnistía Internacional afirma que el ataque violó el derecho internacional humanitario

En su informe, Amnistía Internacional concluyó que el ataque de Pakistán contra el centro de tratamiento Omid “violó la protección especial otorgada a las instalaciones sanitarias en virtud del derecho internacional humanitario, así como los principios de distinción, precaución y proporcionalidad diseñados para proteger a los civiles”.

Isabelle Lassee, directora regional interina de Amnistía Internacional para Asia Meridional, subrayó que el ataque “constituye una grave violación del derecho internacional humanitario, que posiblemente equivalga a un crimen de guerra. Dada la información ampliamente disponible de que el lugar se había utilizado como instalación médica durante más de una década, esto refleja un grave fallo en la planificación militar de Pakistán que condujo a una pérdida significativa de vidas civiles”.

Tras el ataque, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, declaró en la red social X que el ejército pakistaní había realizado “ataques aéreos de precisión” dirigidos contra instalaciones militares, asegurando que se destruyeron “infraestructura de apoyo técnico y depósitos de municiones” en dos ubicaciones de Kabul.

Amnistía Internacional se puso en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán el 9 de julio, solicitando detalles sobre si se había iniciado alguna investigación sobre el ataque y pidiendo información que sustentara la afirmación de que el objetivo había sido un depósito de armas. Hasta la publicación de su informe, no había recibido respuesta.

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Este informe fue redactado por Becatoros desde Atenas, Grecia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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