La guerra que la paz no puede detener

Por Marcos Calligaris

Medio Oriente entró en una nueva ola de ataques. Irán lanzó misiles contra una base utilizada por Estados Unidos en Jordania y Washington respondió bombardeando decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria. En paralelo, Estados Unidos y Arabia Saudita atacaron en Irak posiciones de milicias vinculadas con Teherán. Un edificio de una empresa china fue alcanzado en Kuwait y dos buques sufrieron un ataque con drones en el puerto egipcio de Damietta, cuya autoría todavía no fue confirmada.

Esta situación va más allá de un intercambio de represalias entre Washington y Teherán, y bien valdría definirlo como el ingreso de la guerra en una nueva fase regional.

Jordania debe interceptar misiles iraníes dirigidos contra una base situada en su territorio. Irak se convierte en escenario de ataques contra organizaciones armadas que integran formalmente su sistema de seguridad, pero mantienen vínculos con Teherán. Kuwait sufre daños sobre un edificio civil. Egipto descubre que tampoco el Mediterráneo está necesariamente a salvo. Y Arabia Saudita deja atrás, al menos por estos días, su contención militar para participar públicamente en una operación ofensiva junto a Estados Unidos.

Cada nuevo país involucrado agrega fuerzas armadas, intereses nacionales, alianzas, vulnerabilidades y posibilidades de cometer un error. En otras palabras, la guerra deja de depender exclusivamente de las decisiones de Donald Trump y del régimen iraní.

Por eso resulta insuficiente describir lo ocurrido como la simple ruptura del acuerdo de paz provisional firmado en junio. Estados Unidos e Irán declararon el fin de las operaciones y pretendieron incluir también a sus aliados. Pero dos gobiernos no podían garantizar con sus firmas la conducta de todas las fuerzas que ya habían puesto en movimiento. Eso es lo que no está pudiendo controlar Trump.

La influencia iraní se apoya en una red de milicias, organizaciones armadas y aliados desplegados en Irak, Yemen, Líbano y otros puntos de Medio Oriente. El poder estadounidense, por su parte, descansa en bases militares, tropas y acuerdos de seguridad distribuidos por Jordania, Kuwait, Bahréin, Qatar y Arabia Saudita. Ninguno de los dos combate solamente desde su propio territorio o fuerza.

La regionalización no significa, entonces, que una guerra contenida se expandió repentinamente por accidente. Su dimensión regional estaba incorporada desde el comienzo. Lo que está cambiando ahora es que esa estructura se profundiza y varios países dejan de actuar como espectadores, mediadores o simples plataformas militares.

Arabia Saudita representa el cambio más importante. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Riad anunció públicamente su participación en una operación conjunta con Estados Unidos contra fuerzas respaldadas por Irán en Irak. Hasta ahora no había reconocido una intervención ofensiva de esas características.

Los ataques contra su infraestructura petrolera y las amenazas hutíes sobre sus rutas comerciales parecen haber modificado su postura. Pero la decisión saudita no debería interpretarse como una repentina identificación ideológica con Washington. Más bien responde a un interés concreto: impedir que Irán y sus aliados conviertan las refinerías, los oleoductos y los puertos sauditas en instrumentos de presión.

Claramente, la intervención también aumenta los riesgos. Las milicias atacadas operan en territorio iraquí y algunas forman parte de las Fuerzas de Movilización Popular, incorporadas oficialmente al aparato de seguridad del Estado. Golpearlas significa castigar a organizaciones vinculadas con Irán, pero también vulnerar la soberanía de Irak y poner bajo mayor presión a un Gobierno que intenta conservar relaciones tanto con Washington como con Teherán.

La guerra se expande, en definitiva, porque las potencias trasladan hacia otros países los costos de sus decisiones.

El estrecho de Ormuz muestra con mayor claridad esa lógica. Por esa vía circulaba antes del conflicto cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo. Irán utiliza el control, la restricción o la amenaza sobre esa ruta como una capacidad de presión que compensa parte de su inferioridad militar convencional.

Estados Unidos sostiene, con razón, que una vía esencial para el comercio mundial no puede quedar sometida a la voluntad de una sola potencia. Pero su intento de mantenerla abierta mediante una presencia militar permanente también eleva la posibilidad de incidentes y enfrentamientos.

El acuerdo provisional de junio prometía restablecer la navegación, pero posponía la discusión decisiva: quién administraría el estrecho y bajo qué reglas. En ese punto, Teherán rechazó la propuesta de Omán para establecer un mecanismo compartido y volvió a reclamar un papel central sobre la ruta. El documento simplemente aplazó la definición.

Ahora el problema es todavía mayor. Mientras Ormuz permanece prácticamente cerrado, los hutíes amenazan el estrecho de Bab el-Mandeb, que comunica el mar Rojo con el golfo de Adén. Arabia Saudita utilizaba esa ruta para desviar parte de sus exportaciones bloqueadas en el golfo Pérsico.

Las dos grandes puertas energéticas de Medio Oriente están, por lo tanto, bajo presión simultánea. La nueva escalada llevó nuevamente al petróleo Brent por encima de los 90 dólares y una guerra aparentemente regional volvió a distribuir sus costos entre consumidores y economías de todo el mundo. Y Argentina no es ajena a esa realidad. De hecho, la nueva escalada ya se sintió en los mercados: el Merval cayó 0,4%, los bonos en dólares retrocedieron 0,3% y el riesgo país subió a 446 puntos.

Irán es un régimen autoritario que utiliza organizaciones armadas asociadas para proyectar poder fuera de sus fronteras y atacar instalaciones militares, rutas comerciales e infraestructuras de países vecinos. Esa responsabilidad no desaparece porque Washington no haya conseguido definir una estrategia clara para terminar la guerra.

Porque una represalia puede resultar militarmente comprensible y, al mismo tiempo, no constituir una estrategia.

Washington puede destruir centros de mando, instalaciones de misiles y depósitos de armas, pero lo que todavía no ha conseguido explicar es qué orden pretende construir después de los bombardeos. Trump alterna anuncios de negociaciones inminentes con amenazas de nuevas ofensivas. Israel quiere garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear. Arabia Saudita desea proteger sus instalaciones y, al mismo tiempo, evitar una guerra prolongada. Irán busca conservar su capacidad de presión regional y un papel central en el estrecho de Ormuz.

Los objetivos no son necesariamente compatibles.

Dentro de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una resolución que exigía detener las operaciones contra Irán salvo autorización del Congreso. Horas después, el Senado rechazó una iniciativa equivalente, por lo que la restricción no entró en vigor. La discusión no es secundaria: que Irán sea un régimen autoritario no habilita al presidente de una democracia a hacer la guerra sin los controles de sus propias instituciones.

La superioridad de una sociedad abierta no reside solamente en las causas que defiende, sino también en los límites que impone a sus gobernantes. Incluso una guerra considerada necesaria debe estar sometida a controles, objetivos definidos y rendición de cuentas.

La nueva ola de ataques está poniendo una vez más en evidencia que la paz no consiste en que los misiles dejen de atravesar los cielos durante algunos días. Requiere reglas aceptadas por todos los actores que conservan la capacidad y los incentivos para volver a dispararlos.

Estados Unidos e Irán podían ponerle la firma a un acuerdo entre ellos y pretender que alcanzara a sus aliados. Lo que no podían hacer solos era detener una guerra que se libra mediante milicias, bases extranjeras y rutas energéticas que abastecen al resto del mundo.

En otras palabras, la firma fue bilateral, pero la guerra ya era regional, y no será sencillo detenerla.

Temas